Hay políticas públicas que prometen desarrollo construyendo. Esta propone algo menos visible, pero muchas veces más rentable: ahorrar dinero público ordenando la información con la que el Estado planifica el territorio. La Política Nacional de Datos Geoespaciales no es un documento “de mapas”; es una propuesta de gobernanza para que los datos del territorio dejen de ser un rompecabezas institucional y se conviertan en infraestructura pública útil, interoperable y sostenible.
Cuando hablamos de datos geoespaciales, hablamos de información vinculada a una ubicación: capas que permiten leer el territorio con evidencia (límites, vías, hidrografía, relieve, uso de suelo, equipamientos, redes de servicios, áreas de riesgo, parcelario/catastro cuando aplica). No son gráficos para presentar; son insumos para decidir. Y cuando esos insumos existen, pero no circulan bajo reglas comunes, aparece una factura silenciosa: el Estado paga varias veces por lo mismo.
En la práctica, el país ha operado durante años con datos dispersos, procesos duplicados y acceso burocrático a información territorial. Cada institución termina “resolviendo por su lado”: levanta otra vez un inventario de caminos vecinales, repite un diagnóstico de drenaje pluvial, vuelve a contratar una delimitación de sectores, o produce su propia capa de puntos críticos de riesgo, aun cuando ya existe un esfuerzo previo en otra entidad. A esto se suman casos muy cotidianos: inventarios de luminarias, priorización de aceras y contenes, mapeos de recogida de residuos o diagnósticos de infraestructura básica que se hacen más de una vez, con fondos públicos, sin una referencia común. Esa repetición no siempre se ve como error, porque luce como trabajo técnico; pero cuando se hace sin repositorios confiables, sin estándares y sin obligación de publicar, se convierte en duplicidad presupuestaria.
El problema no es la falta de tecnología. Se puede tener un portal, servidores y visores, y aun así no tener sistema. Un sistema existe cuando hay datos oficiales publicados, metadatos que permitan encontrarlos y entenderlos, estándares comunes para integrarlos, y una rutina institucional que garantice actualización y calidad. Sin eso, las plataformas se vuelven vitrinas vacías: hay herramientas, pero no hay reutilización real, ni trazabilidad, ni confianza técnica.
Aquí entra el núcleo técnico de la política: interoperabilidad y calidad. Cuando cada entidad produce información con distintos sistemas de coordenadas, escalas, formatos y criterios de validación, el país pierde la posibilidad de integrar capas y cruzar evidencia. Y cuando la interoperabilidad falla, el efecto no se queda en el SIG: se traslada a permisos, diseños, presupuestos y plazos. La planificación se vuelve frágil: se tarda más, se discute más, se corrige tarde y se decide con menos precisión.
El costo no es solo financiero; también es institucional. La descoordinación territorial suele traducirse en retrasos de proyectos por falta de datos base confiables, conflictos entre instituciones por información contradictoria, planes con baja precisión operativa y dificultad real para evaluar resultados y dar seguimiento. En un país donde el territorio define acceso al agua, expansión urbana, presión ambiental y exposición a amenazas naturales, administrar con datos débiles es administrar con incertidumbre.
Y donde esa incertidumbre se vuelve más costosa es en el nivel local. Muchos gobiernos municipales operan con limitaciones de equipamiento, formación y capacidad instalada para gestionar información georreferenciada con calidad. Esto crea dependencia: el municipio necesita planificar, pero no siempre puede producir datos, ni acceder con facilidad a datos existentes, ni convertirlos en información útil para la gestión diaria. Cuando esto ocurre, la planificación local queda condicionada por urgencias, por intuición o por documentos que no dialogan entre sí. Si la política se ejecuta como debe, el municipio deja de ser el último en enterarse del territorio y puede sostener decisiones con evidencia: permisos mejor fundamentados, priorización más justa de obras, mejor defensa técnica ante conflictos de uso de suelo y gestión de riesgos con mayor precisión.
Lo más útil del enfoque propuesto es que no depende de promesas grandilocuentes, sino de decisiones concretas. La viabilidad se juega en establecer un esquema de gobernanza simple y funcional: una instancia rectora que fije normas, estándares y coordinación; instituciones custodias que produzcan y mantengan capas oficiales bajo calidad definida; e instituciones usuarias que consuman servicios, retroalimenten necesidades y reporten brechas. A eso se suma un principio de sentido común: el Estado debe invertir una vez y reutilizar muchas.
Para lograrlo, conviene priorizar con método. Primero, las capas de referencia (mapa base y datos fundamentales) sobre las que todo se apoya: límites, vialidad, hidrografía, relieve, uso/cobertura del suelo, equipamientos y servicios, riesgos. Después, las capas temáticas que dependen de proyectos o sectores y que pueden actualizarse por ciclos. Sin una base común, cada plan parte de una realidad distinta; y eso, en política pública, es el inicio del desperdicio.
Para que el cambio sea medible y no retórico, el avance debe evaluarse con indicadores simples. Por ejemplo: cuántas capas base están publicadas como servicios, cuánto tarda una institución en localizar y obtener información territorial, cuántas entidades consumen los mismos servicios en lugar de producir duplicados, y con qué frecuencia se actualizan capas críticas. También deben medirse resultados prácticos: reducción de levantamientos repetidos, mayor velocidad de análisis y mejor soporte técnico para decisiones.
Y, por madurez institucional, debe incluirse una salvaguarda clara: datos abiertos cuando corresponda, pero con criterios de seguridad, privacidad y uso responsable para información sensible. La transparencia no es desorden; es acceso con reglas.
En síntesis, esta política no compite con el cemento: lo protege. Porque cada obra que se decide con información territorial sólida tiene más posibilidades de ubicarse bien, diseñarse mejor, costar lo justo y responder a una necesidad real. El verdadero ahorro ocurre cuando el Estado deja de pagar por la descoordinación, reduce duplicidades, acelera decisiones y fortalece la transparencia. No es una obra que se inaugura; es una capacidad que se consolida. Y la decisión no es tecnológica: es directiva, sostenida y coordinada.
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Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.