La dádiva no nació en los barrios, ni en las filas, ni en las oficinas pequeñas. La dádiva no es una costumbre popular; es una tecnología política. La inventaron, la perfeccionaron y la normalizaron los partidos políticos que gobernaron y gobiernan la República Dominicana, hasta convertirla en el verdadero idioma de la relación entre el poder y la gente. En apariencia, somos un Estado social y democrático de derecho. En la práctica, somos una república administrada por favores.
La dádiva no es un sobre aislado, ni una funda de alimentos, ni un gasoil “que apareció”, ni un dinero “que llegó” para resolver un caso puntual. La dádiva es un sistema. Es una economía paralela, un régimen de control y una forma de gobierno que no figura en la Constitución, pero domina la vida nacional. No aparece en el Presupuesto General del Estado, pero condiciona cómo se gasta. No está tipificada como institución, pero opera como si fuera un ministerio no declarado, con más poder que muchas instituciones formales.
Durante décadas, los partidos políticos han utilizado la dádiva como instrumento para sustituir derechos con favores. Allí donde debería haber servicios públicos eficientes, hay ayudas puntuales. Allí donde debería haber políticas sociales estables, hay operativos coyunturales. Allí donde la ley debería garantizar acceso universal, un funcionario se presenta como benefactor. El ciudadano deja de ser sujeto de derecho y pasa a ser receptor de gracia. Esa transformación no es accidental: es la base de un modelo de dominación.
La dádiva hacia los pobres es la cara más visible del problema. El bono, la funda, el “apoyo” en campaña, la ayuda el día de la enfermedad, la promesa de un empleo, la promesa de un contrato mínimo, la compra del día de la elección, el “no te preocupes, yo resuelvo”. El pobre se acostumbra a agradecer lo que debió recibir como parte normal de un Estado que funciona. Aprende a decir “gracias” donde debería poder decir “es mi derecho”. Eso no crea gratitud auténtica: crea dependencia emocional y política.
Pero la pobreza no es el único territorio de la dádiva. La dádiva también tiene traje, corbata y oficinas climatizadas. Se mueve en salones privados, en llamadas discretas, en reuniones donde nunca falta una sonrisa cordial. Porque la dádiva también trabaja para los ricos, los empresarios, los contratistas, los aspirantes y las élites políticas. El lenguaje cambia, pero la lógica es la misma: se entrega algo esperando otra cosa a cambio. Un permiso, una exoneración, un contrato, una licitación, una protección, un silencio, una mirada hacia otro lado.
A nivel alto, la dádiva se llama “aporte de campaña”, “patrocinio”, “apoyo al proyecto”, “inversión política”. Hay empresas que no financian ideas, financian poder. No apoyan programas, apoyan posibilidades de retorno. Cada peso aportado se concibe como una inversión futura en contratos, ventajas, privilegios o excepciones. Y los partidos, que necesitan recursos constantes para sostener su maquinaria, abren la puerta sin hacer demasiadas preguntas sobre el origen ni sobre las intenciones del aportante. En ese punto, la línea entre dádiva, tráfico de influencia y financiamiento irregular se vuelve difusa por diseño.
La dádiva también nace del dinero sucio. No solo es un problema moral, es un problema estructural. Recursos provenientes de actividades ilícitas —narcotráfico, contrabando, lavado, corrupción administrativa, redes ilegales— encuentran en la política un canal ideal para legitimarse. El esquema es simple y brutal: dinero oscuro entra como “apoyo” a una candidatura, a un partido, a un movimiento o a una estructura; luego sale blanqueado en forma de contratos, permisos, flexibilizaciones y omisiones. La dádiva deja de ser apenas un sobre: se convierte en una arquitectura de impunidad.
En el nivel medio, la dádiva opera como engranaje de sobrevivencia dentro del Estado. Empleados mal pagados, carreras administrativas inestables, cancelaciones masivas por cambio de partido, ausencia de escalas salariales racionales, presión política sobre la burocracia, supervisión débil y cultura institucional basada en “resolver”, construyen el terreno perfecto para que la dádiva sea vista como complemento salarial. Es el propio Estado el que crea las condiciones materiales para que funcionarios, técnicos, inspectores, choferes, supervisores y mandos medios terminen atrapados en una red donde la dádiva parece, para muchos, la única salida.
El discurso oficial es una ironía. Se crean códigos de ética, manuales de procedimiento, reglamentos, cartas de compromiso, normativas de transparencia, comisiones, reglamentos internos. Todo impecable en el papel. Mientras tanto, en la realidad, la dádiva sigue operando: el pago para adelantar un expediente, la “colaboración” para no supervisar con rigor, el “detalle” para conseguir una firma, el “apoyo” para que un proceso fluya, el aporte silencioso para que un informe se redacte de una manera y no de otra. El sistema no solo tolera estas conductas: muchas veces se sostiene en ellas.
La dádiva hacia los aspirantes también forma parte de esta maquinaria. Candidatos que compran estructuras, que pagan por apoyo territorial, que financian con dinero de origen dudoso el montaje de campañas, que negocian con empresarios locales, nacionales o internacionales la posibilidad de “entrar en el juego” a cambio de favores futuros. Todo se mueve bajo un código tácito: hoy me ayudas, mañana yo te abro la puerta. No se escribe, pero se cumple. No se promete en documento, pero se ejecuta en el poder. La dádiva es un contrato verbal con valor político absoluto.
El resultado final es una democracia secuestrada por cadenas de favores. El ciudadano no confía en el Estado porque intuye, aunque no tenga todos los detalles, que el juego está arreglado desde antes de que él llegue a la ventanilla. Sabe que hay quienes no hacen fila. Sabe que hay quienes no pasan por auditoría. Sabe que hay quienes nunca son investigados. Sabe que hay decisiones que nunca se toman en las mesas formales, sino en espacios donde el precio de la dádiva es la moneda real.
En América Latina, Centroamérica y el Caribe este patrón se repite con matices, pero con la misma esencia: la dádiva como sustituto del Estado, como herramienta de dominación, como tecnología de control social y como puente entre economía informal, economía criminal y economía política. Es un modelo que impide la consolidación de democracias reales. Donde la dádiva manda, el derecho retrocede; donde el favor se impone, la ley se relativiza.
La dádiva no solo corrompe instituciones, corrompe percepciones. El ciudadano pobre aprende que las cosas importantes no se consiguen por canales formales, sino “buscando a alguien”. Aprende que la justicia no es igual para todos, sino proporcional a lo que se pueda dar. Aprende que el Estado no es un sistema, sino una suma de personas a las que hay que acercarse. Eso destruye cualquier idea de ciudadanía. En vez de ciudadanos, se crean clientes; en vez de instituciones, se crean intermediarios; en vez de derechos, se crean oportunidades negociables.
Al mismo tiempo, la élite empresaria que recurre a la dádiva deja de competir en un mercado limpio. No gana el más eficiente, gana el más cercano al poder. No prospera el que innova, prospera el que “ayuda” mejor. Así, se deteriora la confianza en la competencia real. La dádiva es un impuesto silencioso sobre la productividad, porque distorsiona los incentivos, desordena los mercados y castiga a quienes deciden no entrar en el juego de los favores.
Todo esto tiene un costo económico alto, pero tiene un costo moral infinitamente más devastador. La dádiva enseña que la legalidad es opcional, que la meritocracia es ingenua, que la transparencia es un discurso, que la ética es un adorno, que la corrupción es un problema solo cuando se hace escándalo. La dádiva entrena a la sociedad a aceptar que sin “aceitar” el sistema, nada se mueve. Y una vez que esa creencia se instala, desmontarla ya no es un reto técnico: es una batalla cultural.
El problema no es que existan personas dispuestas a dar o recibir favores. El problema es que el Estado mismo, a través de sus prácticas y silencios, ha institucionalizado la dádiva como lubricante fundamental de su funcionamiento. Es un diseño perverso: se mantiene al empleado en la precariedad, al pobre en la necesidad, al empresario en la expectativa, al político en la dependencia financiera, y al sistema entero en un equilibrio inestable controlado desde la informalidad. Mientras tanto, se habla de modernización, reforma, fortalecimiento institucional y transparencia, como si las palabras pudieran cancelar la realidad.
No hay futuro posible mientras la dádiva sea el idioma oficial que nadie reconoce, pero todos usan. Ninguna reforma administrativa servirá si no rompe con la lógica de favores. Ningún programa social funcionará si se sigue utilizando como mecanismo clientelar. Ninguna justicia será respetada si se percibe como espacio donde unos tienen acceso directo y otros deben llegar con “algo en la mano”. Ninguna democracia será real si la voluntad del ciudadano está condicionada, antes y después del voto, por lo que recibe o deja de recibir.
Romper este régimen de dádivas implica decisiones que ningún gobierno ha querido asumir con seriedad. Dignificar el salario público de verdad, no en el discurso. Blindar la carrera administrativa frente a la rotación política. Perseguir con la misma fuerza la microcorrupción cotidiana y la macrocorrupción de alto nivel. Transparentar con rigor el financiamiento político y sancionar a fondo la entrada de dinero ilícito en las campañas. Establecer un régimen de consecuencias real para quienes utilizan recursos públicos, cargos o influencia para sostener cadenas de favores.
La dádiva no es cultura; no es parte de “como somos los dominicanos”. Es una enfermedad política que los partidos implantaron, alimentaron y defendieron porque les resultó útil. Mientras la dádiva controle el acceso al derecho, el dominicano seguirá arrodillado ante estructuras que deberían servirle, no dominarle. Mientras la dádiva siga mandando más que la ley, no habrá República: habrá un territorio gobernado por favores, no por principios.
La pobreza económica se combate con empleo.
La pobreza educativa, con conocimiento.
La pobreza emocional, con cuidado.
La pobreza cultural, con identidad.
Pero la pobreza política que produce la dádiva solo se combate con una decisión radical: dejar de aceptar que la vida en común se administre a base de favores. Porque un país que vive de dádivas deja de ser una nación y se convierte en una fila eterna, donde unos reparten, otros reciben y casi nadie se atreve a decir la verdad más incómoda de todas: mientras sigamos agradeciendo lo que nos corresponde por derecho, seguiremos siendo súbditos de un sistema que nos necesita necesitados.
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Articulo 12/12 Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.