La dádiva no es ayuda, ni asistencia, ni solidaridad. La dádiva es una herramienta. Un mecanismo político diseñado para producir obediencia, administrar voluntades y anular cualquier posibilidad de autonomía ciudadana. No es un accidente. No es una tradición. No es cultura. Es un sistema estructurado, sostenido y perfeccionado durante décadas, hasta convertirse en la forma más efectiva de gobierno informal en la República Dominicana. Un gobierno que no aparece en ninguna ley, pero que domina todos los territorios; que no figura en ninguna institución, pero que está incrustado en todas; que no se reconoce públicamente, pero que opera con más disciplina que cualquier ministerio.
El modelo es simple: un Estado que no garantiza derechos crea ciudadanos que necesitan favores. Un Estado que no distribuye oportunidades crea ciudadanos que dependen de beneficiarios. Y un Estado que no cumple sus responsabilidades crea sujetos que agradecen lo que nunca debió ser agradecido. La dádiva prospera en ese vacío institucional porque el ciudadano carece de opciones. No negocia: se somete. No exige: recibe. No consulta: espera. Así comienza el ciclo.
La dádiva funciona como moneda política. No se paga, pero cobra. No se vende, pero compra. No se discute, pero decide. Es el instrumento preferido de los gobiernos porque garantiza algo que ningún programa serio puede asegurar: fidelidad emocional. El ciudadano pobre, cansado, decepcionado, encuentra en la dádiva una respuesta inmediata a sus urgencias. El político encuentra en ese ciudadano una pieza maleable dentro de la maquinaria. El intercambio es desigual, pero funcional: uno sobrevive, el otro se perpetúa. Y ambos sostienen un sistema que los mantiene en el mismo lugar.
La dádiva no desaparece: se transforma. Mientras el Estado presume públicamente que está “eliminando la cultura de la asistencia”, la práctica se mantiene intacta. Ha dejado de ser visible, pero ahora opera a mayor escala. Se ha vuelto más sofisticada, más discreta y, sobre todo, más institucionalizada. Los discursos dicen una cosa; las estructuras hacen otra. Y aunque se anuncian nuevos códigos de ética, manuales de puesto, procesos disciplinarios y criterios de transparencia, todos ellos funcionan como decorados de un escenario donde la dádiva sigue siendo la regla silenciosa.
Lo más grave es que la corrupción de la dádiva no solo sube desde la ciudadanía; también baja desde las instituciones. Ministros, directores, encargados departamentales, alcaldes, regidores, supervisores y empleados administrativos —todos operan dentro de un ecosistema donde la dádiva es un lubricante político, un escudo de protección, una herramienta de negociación y una forma de legitimar su autoridad dentro del territorio. La dádiva se convierte en la vía para resolver lo que la ley no resuelve, para agilizar lo que el sistema entorpece, para atender lo que la institución ignora. Y mientras más frágil es la institucionalidad, más poderosa se vuelve la dádiva.
El Estado rara vez sanciona estas prácticas porque él mismo las generó. Es difícil encontrar titulares diciendo: “funcionarios suspendidos por recibir dádivas”. No es un fenómeno casual: responde a un sistema donde lo que la institución prohíbe por escrito es lo mismo que tolera —y en algunos casos impulsa— por conveniencia operativa. La dádiva se convierte en la fórmula no oficial para lograr lo que el aparato estatal, por incapacidad o por negligencia, no puede procesar. El ciudadano lo sabe. El funcionario lo sabe. Y ambos actúan en consecuencia.
Esta contradicción tiene un efecto devastador: destruye la ética pública desde su raíz. El funcionario que gana un salario insuficiente —o que sabe que su ascenso depende más de un partido que de su mérito— termina aceptando dádivas como parte del “orden natural”. Y el ciudadano que no encuentra respuestas institucionales recurre a la dádiva como mecanismo de supervivencia. Así, ambos se hunden en una lógica perversa donde se normaliza lo que debería ser inaceptable: la compra de acceso, la compra de trato, la compra de prioridad, la compra de silencio.
Pero la dádiva no solo afecta a quienes la utilizan; también castiga a quienes no la pueden ofrecer. En un sistema clientelar, el ciudadano pobre que no tiene “algo por dejar” se vuelve invisible. Su problema se archiva. Su solicitud se posterga. Su expediente se duerme. Mientras tanto, aquel que tiene para “aceitar el proceso”, aunque sea con una suma mínima, recibe una atención distinta. La institución, sin decirlo, construye dos categorías de ciudadano: el que aporta dádivas y el que solo aporta problemas. Y la democracia, silenciosamente, deja de ser un derecho y se convierte en un privilegio condicionado.
El daño estructural es masivo. La dádiva neutraliza la ciudadanía, desarma la conciencia social, debilita el Estado de derecho y convierte la administración pública en un ecosistema transaccional. Alimenta la pobreza, perpetúa la desigualdad y genera una cultura donde nadie respeta la ley porque todos saben que la ley no resuelve. La dádiva no es un fenómeno aislado: es una política pública informal que ha sustituido la institucionalidad formal. Mientras la ley duerme, la dádiva trabaja.
La psicología de la dádiva es todavía más destructiva. Los ciudadanos que dependen de ella no reconocen la profundidad del daño que generan, no porque no quieran, sino porque el sistema les ha hecho creer que la dádiva es parte natural de la vida. No entienden que cada vez que aceptan una, sacrifican un derecho, pierden un avance, retroceden una década. No entienden que la dádiva los desarma emocionalmente. No entienden que la dádiva es adictiva porque resuelve hoy, aunque destruya mañana. No entienden que están transmitiendo a sus hijos un modelo de supervivencia que nunca permitirá la construcción de ciudadanía.
Si el Estado realmente quisiera erradicar la cultura de la dádiva, lo primero que tendría que hacer es garantizar dignidad institucional: salarios justos, procesos eficientes, mecanismos claros, decisiones basadas en méritos, protección a los empleados públicos y disciplina administrativa real. Un funcionario digno crea un ciudadano digno. Un funcionario vulnerable produce un ciudadano vulnerable. Un funcionario presionado opera bajo la misma lógica de supervivencia que el ciudadano que toca la puerta. La dádiva une a ambos en una cadena de miseria moral que el país ha normalizado durante generaciones.
La dádiva no desaparecerá mientras siga siendo útil. Y sigue siendo útil porque sustituye, alimenta y mantiene un sistema político que se sostiene más en favores que en derechos, más en lealtades que en principios, más en necesidades que en capacidades. La dádiva es la política real. Lo demás es discurso.
El país cambiará cuando la dádiva pierda poder. Pero ese día no llegará mientras sigamos gobernando desde la necesidad y no desde la dignidad. La dádiva parece pequeña, pero es la columna vertebral emocional, política y administrativa de una nación que todavía no ha comenzado a entender que los derechos no se agradecen: se ejercen.
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Artículo 5 Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social.