El ordenamiento territorial es la capacidad de un Estado para decidir, con criterio y responsabilidad, dónde se vive, dónde se produce, qué se protege y qué se transforma. El desorden territorial es exactamente lo contrario: la renuncia silenciosa del país a esa responsabilidad. Es permitir que el territorio crezca sin planificación, que la gente habite donde pueda, no donde deba, y que cada metro cuadrado se determine por la improvisación, no por la técnica. Durante décadas, República Dominicana ha vivido bajo esta economía del desorden. Y la consecuencia es simple y brutal: un territorio mal administrado produce pobreza, incluso en familias que no se consideran pobres.
La Ley 368-22 y su reglamento representan un esfuerzo serio del país por corregir ese caos estructural. Pero ordenar el territorio en papel no tiene valor si el Estado no crea primero las capacidades humanas, institucionales y educativas que permitan ejecutar lo que la ley exige. ¿Puede un país que no educa a su población en riesgo, cuenca, drenaje, sostenibilidad o vocación del suelo implementar un modelo de ordenamiento territorial sofisticado? ¿Puede un municipio sin urbanistas, sin catastros actualizados, sin técnicos en SIG, sin presupuesto y sin cultura de planificación cumplir los mandatos de una ley que exige criterios que nunca se enseñaron? Ordenar sin educar es castigar al que menos tiene por el desorden que el propio Estado permitió.
El desorden territorial empobrece porque transforma decisiones de vida en costos inevitables. La familia que construye en la ribera de un río no lo hace por irresponsabilidad, sino por falta de alternativas. Pero cada tormenta le arrebata muebles, electrodomésticos, ahorro y dignidad. El obrero que vive a dos horas del trabajo no pierde solo tiempo: pierde productividad, salario, energía, salud mental y oportunidades de crecimiento. La mujer que camina por barrios sin aceras ni iluminación paga con miedo y vulnerabilidad la ausencia de un Estado que nunca ordenó el suelo. El agricultor que pierde terreno por expansión urbana mal planificada ve cómo su capital se evapora lentamente. El desorden es un impuesto oculto que solo pagan los más vulnerables.
El país no calcula jamás el costo humano del desorden. No cuenta las horas de vida perdidas en transporte ineficiente, ni los niños que pierden clases por inundaciones, ni las madres solteras que gastan más en pasajes que en comida, ni los jóvenes que renuncian a un empleo porque el trayecto es insostenible. No contabiliza los ataques de ansiedad, el estrés del desplazamiento diario, la desmotivación escolar causada por entornos violentos o inaccesibles, ni la violencia ambiental que se normaliza en las comunidades olvidadas. La pobreza territorial no solo arruina casas: arruina proyectos de vida.
Tampoco se contabiliza el costo económico que el desorden impone tanto al Estado como a la economía nacional. El país gasta millones cada año reparando daños que se pudieron evitar con planificación mínima. Una alcantarilla mal ubicada cuesta millones; un barrio construido en zona de inundación cuesta millones más; un puente improvisado sobre un cauce vivo es una deuda eterna. Mientras tanto, se pierden hectáreas de suelo agrícola, se encarece la vivienda, se multiplica la informalidad, se desaprovechan oportunidades de inversión y se reduce la productividad nacional. Cada kilómetro de ciudad mal diseñada eleva el costo del país entero.
Detrás de todo esto opera un costo político del desorden. La permisividad territorial ha sido herramienta electoral durante décadas: se permite ocupar para ganar apoyo, se regulariza para fidelizar votantes, se construye para calmar tensiones sociales y se flexibiliza para favorecer intereses privados. El caos se volvió gobernabilidad. Por eso ordenar territorio exige una voluntad política que históricamente ha sido escasa: ordenar significa decir no, enfrentar intereses, regularizar con justicia, desalojar con alternativas, fiscalizar con firmeza y proteger el suelo incluso cuando es impopular. El territorio del país no está desordenado por accidente: está desordenado porque así convino a quienes lo administraron.
A esto se suma un fenómeno todavía más contradictorio: mientras se habla de ordenar, se carga a la economía local con impuestos, trámites, tasas y formalidades que la pequeña producción no puede sostener. Se exige legalidad, pero no se ofrece accesibilidad. Se intenta “ordenar la economía local”, pero se la arropa con productos importados más baratos, más protegidos y más incentivados. El campesino dominicano compite con precios extranjeros subsidiados. El pequeño negocio compite con franquicias que llegan con exoneraciones. El territorio termina expresando esa desigualdad: el desarrollo externo tiene mapa, rutas y espacios; el desarrollo interno lucha por sobrevivir entre calles estrechas, drenajes colapsados y servicios intermitentes.
El problema real es que se intenta ordenar un país que no ha sido educado, equipado ni preparado para entender el significado del ordenamiento. Sin educación territorial no hay cultura territorial. Sin cultura territorial no hay cumplimiento. Sin cumplimiento no hay orden. Sin orden, la pobreza territorial sigue siendo la fábrica que opera todos los días: cada tormenta que destruye un barrio, cada familia desplazada, cada ciudad que colapsa en el tránsito, cada escuela aislada, cada vivienda perdida, cada comunidad marginada del mapa.
La pregunta ya no es si el país puede ordenar su territorio. La pregunta es si tiene la voluntad de hacerlo con justicia y no solo con reglamentos. Si puede ordenar para aliviar pobreza y no solo para viabilizar inversiones. Si puede proteger a los que ya viven en el caos antes de castigarles por ese caos. Si puede poner el suelo al servicio de la gente y no al servicio del mercado.
La pobreza no nace únicamente de los ingresos.
Nace del suelo donde te obligan a vivir.
Y mientras la República Dominicana siga administrando su territorio bajo la lógica de la improvisación, cualquier discurso de desarrollo será apenas una mentira bien pintada en el mapa.
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Articulo 8/12 Colección: Territorio y Nación – Ensayos sobre Desarrollo Municipal, Político y Social