El país atraviesa un punto de inflexión en materia de organización territorial. Las comunidades se transforman, la demanda de servicios públicos crece y las dinámicas urbanas, rurales y productivas avanzan con mayor velocidad que las estructuras administrativas llamadas a ordenarlas. Hoy no basta con administrar un territorio; se vuelve imprescindible comprenderlo, reconocer sus identidades y responder a sus desafíos mediante una arquitectura institucional coherente con su realidad. Insistir en categorías administrativas concebidas para contextos superados implica perpetuar limitaciones estructurales que restringen el desarrollo de comunidades con potencial comprobado.
En ese marco, los proyectos de ley que preparé como autor técnico —el que eleva a Distrito Municipal el Ensanche Libertad (El Cercado) y el que establece como Distrito Municipal Especial la Sección El Río, junto con La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío— no son simples iniciativas legislativas. Son un reconocimiento institucional a territorios que ya han superado de manera evidente la estructura administrativa que hoy los rige. No se trata de dividir por dividir, ni de fragmentar por capricho; se trata de ordenar, acercar la administración al ciudadano, mejorar la eficiencia del gasto público y dar coherencia al modelo territorial dominicano.
Quien conoce el Ensanche Libertad – El Cercado entiende que estamos frente a una microciudad en expansión. Sus más de 25 comunidades y residenciales, el flujo constante de transporte, comercio, servicios financieros, centros educativos, iglesias y espacios sociales revelan un territorio con vida propia, cuyo funcionamiento y complejidad ya no puede depender de una cabecera municipal distante. El Santuario del Divino Niño Jesús, que recibe miles de visitantes al año, crea dinámicas de movilidad y seguridad que exigen presencia administrativa permanente. Y más aún: este corredor territorial, ubicado estratégicamente a minutos del Aeropuerto Doméstico “Expedición 14 de Junio”, posee un potencial turístico, económico y logístico que demanda decisiones ágiles y autoridades disponibles en el territorio. Ignorar esta realidad sería administrar a ciegas.
En El Río, La Palma, La Descubierta y Arroyo Frío la lógica es distinta, pero aún más evidente. Aquí no se discute densidad urbana; se discute sostenibilidad ambiental, productividad agrícola, manejo de recursos hídricos y gobernanza territorial. El Río es uno de los principales territorios agroproductivos de montaña del país, con tres ríos, veintinueve afluentes y una delicada topografía que requiere planificación especializada. Su contribución a los mercados internos y a las exportaciones agrícolas no puede seguir dependiendo de una estructura municipal que, por distancia y complejidad, carece de la capacidad operativa necesaria para gestionar problemas ambientales, productivos o viales con la inmediatez que ameritan. La Ley 176-07, reforzada por la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, prevé exactamente este tipo de territorios: distritos municipales especiales para zonas que, por sus características geográficas, ambientales o productivas, requieren un modelo administrativo diferenciado. El Río no necesita diez mil habitantes para justificar su categoría; la justifica su territorio, su distancia, su fragilidad y su aporte económico. Es distrito por su naturaleza, no por su demografía.
Ambas realidades convergen en un punto esencial: la justicia territorial. Cada comunidad merece instituciones que respondan a su ritmo, a su geografía y a sus desafíos. Un territorio urbano en expansión no puede gestionarse con lentitud administrativa. Un territorio agrícola de montaña no puede gestionarse sin una autoridad cercana capaz de tomar decisiones inmediatas. Cuando el Estado ignora estas diferencias, crea desigualdad. Cuando las reconoce, hace justicia.
Ahora bien, ningún proyecto, por sólido que sea técnica o jurídicamente, avanza por inercia. Se requiere voluntad política, seguimiento, defensa y responsabilidad institucional. En ese sentido, resulta imprescindible reconocer el papel determinante de la diputada Gabriela María Abreu, quien no solo ha sometido estas iniciativas, sino que tiene la responsabilidad ética y legislativa de acompañarlas, defenderlas, articularlas en el Congreso y asegurar que las comunidades reciban la administración que merecen. Su compromiso no es con la firma de un documento; es con la dignidad territorial de su gente.
Como autor técnico, mi responsabilidad tampoco termina con la entrega del proyecto. Continúa en la asesoría, en la respuesta a dudas, en la articulación con las comisiones y en la defensa metodológica de un modelo territorial que responda al interés colectivo. Ni quien somete ni quien redacta es el principal beneficiario de estos cambios; los beneficiarios son los productores, las familias, los niños, los jóvenes, los trabajadores y todas las personas que viven en estos territorios. Cuando un distrito se crea, no gana una figura política: gana la comunidad.
Esta discusión, además, no es exclusiva de la República Dominicana. Países como Colombia, Chile, España y Ecuador han transformado sus estructuras territoriales para acercar la administración a las comunidades, ordenar su crecimiento y maximizar la eficiencia del Estado. Elevar a Distrito Municipal el Ensanche Libertad – El Cercado y convertir en Distrito Especial al territorio de El Río coloca a nuestro país en la ruta correcta: la de un municipalismo moderno, sostenible y capaz de responder a las demandas reales del siglo XXI.