HAITÍ: EL COSTO REGIONAL DE UN ESTADO QUE NO CONSIGUE RECONSTRUIR SU AUTORIDAD

Una frontera puede delimitar jurídicamente un país, pero no siempre consigue contener las consecuencias de su debilitamiento institucional. Esta reflexión adquiere especial relevancia al examinar la realidad haitiana. Durante años, el debate regional se ha concentrado en las manifestaciones más visibles de la crisis: la migración irregular, las deportaciones, los enfrentamientos armados, las intervenciones internacionales y la incertidumbre política. Todos esos acontecimientos importan; sin embargo, ninguno explica por sí solo la complejidad del fenómeno. Después de examinar informes económicos, indicadores sociales, registros migratorios y documentos de organismos internacionales, considero que el problema exige una interpretación más profunda. No estamos simplemente ante una nación que atraviesa dificultades para organizar un gobierno, sino ante un Estado cuya capacidad para ejercer determinadas funciones esenciales se encuentra severamente limitada, mientras distintos actores disputan o condicionan el funcionamiento de espacios estratégicos de su territorio.

La distinción es importante. Haití conserva su personalidad jurídica internacional, dispone de autoridades formales y mantiene instituciones públicas. No sería correcto afirmar que carece absolutamente de gobierno. Sin embargo, la existencia de una estructura estatal no garantiza que esta pueda ejercer efectivamente sus competencias. Cuando las carreteras dejan de ser transitables con seguridad, las empresas deben calcular el riesgo de transportar mercancías, los estudiantes enfrentan dificultades para asistir a sus centros educativos y las familias abandonan sus viviendas para preservar sus vidas, la fragilidad institucional deja de ser una definición académica. Se transforma en una realidad que modifica el comportamiento humano. Desde las ciencias sociales, este fenómeno merece atención porque demuestra que las instituciones no solamente administran recursos o aplican disposiciones legales: también crean las condiciones de previsibilidad necesarias para que una sociedad pueda organizar su vida económica, familiar y comunitaria.

Mi planteamiento central es que la crisis haitiana constituye un proceso de debilitamiento de capacidades estatales cuyos costos sociales, económicos y de seguridad se distribuyen de manera desigual dentro del país y repercuten sobre otros territorios de la región. No pretendo afirmar que todos los movimientos migratorios sean consecuencia directa de la violencia ni que cada dificultad económica pueda explicarse exclusivamente por la ausencia de seguridad. El problema es más complejo: las condiciones históricas, la fragilidad fiscal, las desigualdades, las estructuras criminales y las limitaciones productivas se relacionan entre sí, generando un escenario difícil de superar mediante actuaciones aisladas. Comprender esas relaciones es indispensable antes de formular conclusiones sobre las responsabilidades de Haití, República Dominicana, Centroamérica o la comunidad internacional.

Una crisis contemporánea con raíces históricas que no pueden ignorarse

Sería un error situar el origen de todas las dificultades haitianas en el asesinato del presidente Jovenel Moïse, ocurrido en julio de 2021. Aquel acontecimiento agravó una crisis política e institucional que tenía antecedentes mucho más antiguos. Haití surgió como Estado independiente en 1804, después de una revolución de extraordinaria importancia histórica. Sin embargo, su consolidación estuvo condicionada por presiones diplomáticas, aislamiento y obligaciones financieras de enorme magnitud. En 1825, Francia impuso una indemnización de 150 millones de francos a cambio del reconocimiento de la independencia haitiana. La obligación, posteriormente reducida, condujo a endeudamientos que afectaron durante décadas las finanzas nacionales. Este episodio ha sido objeto de investigaciones históricas y de un coloquio internacional organizado por el Collège de France en junio de 2025.

Posteriormente, la ocupación estadounidense de 1915 a 1934, las dictaduras de François y Jean-Claude Duvalier, las dificultades de las transiciones democráticas y los efectos de desastres naturales, particularmente el terremoto de 2010, configuraron una trayectoria de profunda vulnerabilidad institucional. Estos antecedentes no pueden omitirse, pero tampoco deben utilizarse para explicar automáticamente todas las decisiones administrativas, políticas y económicas de los gobiernos haitianos contemporáneos. Una cosa es reconocer la importancia de las condiciones históricas y otra convertirlas en una justificación permanente de las deficiencias institucionales actuales. El análisis debe distinguir las restricciones heredadas de las responsabilidades presentes.

Haití ha enfrentado factores externos que condicionaron su desarrollo, pero también decisiones internas, conflictos políticos, vulnerabilidades administrativas y problemas de gobernanza que han influido en la persistencia de sus crisis. Desde esta perspectiva, considero indispensable evitar dos interpretaciones extremas: aquella que atribuye toda la situación haitiana a las intervenciones extranjeras y aquella que desconoce la historia para responsabilizar exclusivamente a sus autoridades y a su población. Ninguna permite comprender suficientemente la interacción entre capacidad estatal, relaciones internacionales y desarrollo económico. La historia ofrece antecedentes fundamentales; la evaluación de las responsabilidades contemporáneas exige, además, evidencia institucional y económica actual.

La economía del desgobierno: cuando la violencia empieza a administrar parte de la actividad económica

Uno de los fenómenos más preocupantes de la crisis haitiana es la transformación de determinadas organizaciones criminales en estructuras capaces de condicionar la circulación de personas, el comercio y el acceso a servicios. Tradicionalmente, la delincuencia se estudia a partir de delitos individuales y organizaciones que operan al margen del Estado. Sin embargo, cuando ciertos grupos desarrollan capacidad para controlar corredores territoriales, imponer pagos y restringir actividades económicas, el problema adquiere una dimensión adicional. No se trata solamente de violencia; se trata de formas de poder coercitivo que alteran el funcionamiento de los mercados y las relaciones sociales. El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, correspondiente a enero-julio de 2026 y presentado al Consejo de Seguridad, describe la expansión territorial de organizaciones armadas y sus intentos de controlar corredores de transporte, rutas comerciales, puertos y otros espacios estratégicos. El documento señala que determinadas estructuras criminales han diversificado sus fuentes de ingresos y ejercen influencia sobre el movimiento de personas, mercancías y servicios.

Esta realidad permite desarrollar lo que denomino economía del desgobierno: un conjunto de relaciones en las que actores no estatales aprovechan la insuficiencia de protección, justicia y fiscalización para imponer costos mediante la coerción y obtener rentas económicas. Conviene precisar que esta expresión constituye una categoría interpretativa del presente análisis. No representa una clasificación estadística oficial ni supone que toda la economía informal haitiana forme parte de actividades criminales. Su utilidad consiste en explicar cómo la violencia puede convertirse en un mecanismo de control económico. Cuando una organización impone pagos ilegales para permitir el tránsito de mercancías, no solamente obtiene recursos: modifica los costos del transporte, condiciona la distribución de productos y restringe la actividad empresarial. Cuando un productor no puede llevar su cosecha al mercado, la pérdida no afecta exclusivamente sus ingresos, sino que puede repercutir sobre intermediarios, comerciantes y consumidores que dependen de esa cadena de abastecimiento.

Cuando una familia necesita abandonar su comunidad, no pierde únicamente su residencia; también puede perder su fuente de trabajo, sus redes sociales y parte de su patrimonio. Estas situaciones ilustran cómo la inseguridad puede generar efectos económicos sucesivos que terminan debilitando aún más las capacidades productivas. El informe S/2026/714 del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Haití, publicado en septiembre de 2026, examina vínculos entre determinadas estructuras armadas y actores políticos o económicos, además de dificultades relacionadas con las sanciones y las redes de abastecimiento criminal. Estos hallazgos obligan a ampliar el enfoque de seguridad: desarticular una organización armada requiere enfrentar sus operaciones violentas, pero también investigar los mecanismos financieros, las redes de suministro y las posibles relaciones de complicidad que permitan sostener sus actividades.

Una fuerza de seguridad puede recuperar temporalmente una carretera. Pero si permanecen intactas las condiciones que financian a las estructuras criminales, ese avance puede resultar vulnerable. Aquí encuentro una diferencia esencial entre recuperación territorial y reconstrucción institucional: la primera puede producir resultados inmediatos; la segunda exige que el Estado conserve de manera sostenida su capacidad para proteger, regular y administrar.

La paradoja fiscal: mientras las instituciones necesitan recursos, las estructuras criminales encuentran mecanismos para obtenerlos

Al relacionar el deterioro territorial con la situación fiscal haitiana aparece una contradicción particularmente significativa. Mientras las instituciones públicas enfrentan serias dificultades para recaudar los ingresos necesarios para cumplir sus funciones, determinadas organizaciones criminales consiguen obtener recursos mediante actividades ilícitas, extorsiones y control económico coercitivo. El Fondo Monetario Internacional, en su tercera revisión del programa supervisado para Haití publicada en 2026, sitúa los ingresos internos del ejercicio fiscal 2024-2025 en aproximadamente el 4.8 % del producto interno bruto. La dimensión del indicador merece atención: la recaudación constituye una de las expresiones más importantes de la capacidad de un Estado, no solamente porque permite financiar servicios, sino porque requiere registros confiables, administración tributaria, fiscalización, cumplimiento normativo y mecanismos de control del gasto.

Un Estado con una base fiscal severamente limitada enfrenta dificultades para mantener infraestructura, fortalecer instituciones judiciales, financiar seguridad pública y sostener servicios esenciales. A esta situación se añade el deterioro productivo: según datos del Banco Mundial, la economía haitiana registró una contracción real del 2.7 % durante 2025, prolongando una etapa de reducción de la actividad económica. La relación entre ambos fenómenos merece analizarse con cuidado. Una economía debilitada reduce las posibilidades de generar ingresos tributarios; a su vez, la insuficiencia fiscal limita la capacidad para invertir en las condiciones que permiten recuperar la producción. La inseguridad agrava esta relación cuando afecta las aduanas, los corredores comerciales, la actividad empresarial y la movilidad laboral.

No pretendo equiparar la recaudación estatal con los recursos obtenidos por organizaciones criminales. La primera constituye una potestad pública sometida a la ley; los segundos proceden de mecanismos ilícitos de apropiación. La comparación busca destacar una asimetría institucional: mientras el Estado necesita fortalecer sus mecanismos legítimos de financiación, determinados actores violentos pueden obtener recursos condicionando actividades económicas que deberían desarrollarse bajo protección pública. Esta es una de las expresiones más graves de la economía del desgobierno. Pero tampoco sería técnicamente correcto sostener que elevar los impuestos constituye automáticamente la solución. Una política fiscal sostenible necesita actividad productiva, confianza institucional, administración competente, fiscalización transparente y capacidad para ejecutar los recursos conforme a prioridades verificables.

El diagnóstico de gobernanza publicado por el FMI en abril de 2025 identifica vulnerabilidades en la gestión financiera pública, administración tributaria y aduanera, contratación pública, controles institucionales y funcionamiento del sistema judicial. También reconoce esfuerzos de reforma que deben ser considerados. Por tanto, la realidad no es la inexistencia absoluta de capacidades administrativas, sino una combinación de avances parciales y restricciones estructurales que dificultan su consolidación. La recuperación de Haití necesita seguridad, pero también necesita hacienda pública, planificación, justicia y controles que permitan utilizar legítimamente los recursos del Estado. Un gobierno puede recibir asistencia internacional y ejecutar programas temporales; otra cosa es construir instituciones capaces de sostenerlos cuando esa asistencia disminuye.

La migración haitiana: cuando permanecer deja de ser una decisión plenamente libre

La movilidad humana es uno de los efectos más visibles de la crisis, pero también uno de los más frecuentemente simplificados. No todas las personas haitianas emigran por las mismas razones. Algunas buscan mejores ingresos, otras reunificación familiar o educación, mientras determinadas familias se desplazan para escapar de riesgos graves. Estas motivaciones pueden coexistir, pero no deben confundirse. En agosto de 2026, la Organización Internacional para las Migraciones registró 1,494,456 desplazados internos en Haití, equivalentes aproximadamente al 13 % de la población de referencia. La cifra describe a personas que continúan dentro de Haití; no constituye una medición de emigrantes internacionales.

El mismo informe señala que alrededor del 85 % de la población desplazada permanecía fuera de los sitios de alojamiento colectivo, principalmente en hogares y comunidades de acogida. Esto revela una dimensión social que suele recibir menos atención. El desplazamiento no solamente afecta a quienes abandonan sus hogares; también puede trasladar necesidades económicas y sociales hacia las familias y comunidades receptoras. Una familia que acoge a parientes desplazados puede necesitar más alimentos, espacio y recursos sin haber experimentado un aumento equivalente de sus ingresos. Una localidad que recibe población adicional puede enfrentar mayores demandas de educación, agua, salud y vivienda. Pero estas consecuencias no son idénticas en todos los territorios: dependen de las capacidades existentes, las condiciones económicas y las redes comunitarias de apoyo.

La emigración internacional presenta otras características. En un estudio de retornos forzosos correspondiente a 2025, la OIM y organizaciones colaboradoras entrevistaron a 26,853 personas adultas. Dentro de esa muestra, el 85 % señaló la búsqueda de mejores oportunidades económicas como motivo principal de su salida, mientras que el 19 % manifestó haber experimentado desplazamiento interno antes de emigrar. No debemos extrapolar esos porcentajes a toda la población migrante haitiana. Describen a las personas incluidas en una investigación específica sobre retornos. Sin embargo, aportan evidencia relevante: la movilidad económica y las experiencias previas de desplazamiento pueden superponerse sin que todos los migrantes compartan una trayectoria uniforme.

El investigador Hein de Haas, mediante su marco de aspiraciones y capacidades migratorias, ofrece una perspectiva útil para comprender esta relación. No basta con querer emigrar; también es necesario disponer de recursos, información y posibilidades materiales para hacerlo. Una persona puede desear abandonar una comunidad insegura y carecer de medios para salir. Otra puede emigrar principalmente por motivos laborales sin haber sufrido un desplazamiento previo. De ahí surge una cuestión esencial: la ausencia de migración no siempre demuestra estabilidad, del mismo modo que la presencia de migración no demuestra exclusivamente inseguridad. Para comprender el comportamiento social haitiano debemos distinguir las decisiones voluntarias, las restricciones económicas y los desplazamientos asociados con riesgos de protección. El desafío más profundo no consiste en impedir que una persona quiera emigrar, sino en recuperar condiciones en las que permanecer en su comunidad vuelva a ser una alternativa segura y viable.

Una economía que recibe remesas, pero encuentra dificultades para convertir sus capacidades en desarrollo

Existe otra contradicción económica que merece atención. Haití enfrenta importantes restricciones productivas, pero mantiene una relación financiera considerable con su población emigrada. El Banco Mundial señala que durante el ejercicio fiscal 2025 las remesas enviadas por la diáspora haitiana a través de canales formales alcanzaron aproximadamente US$4,400 millones. Estas transferencias representan una fuente relevante de recursos para numerosos hogares y pueden financiar consumo, educación, vivienda, salud y otras necesidades. Sin embargo, las remesas no equivalen a ingresos tributarios del Estado ni pueden considerarse automáticamente una sustitución de la producción nacional. Tampoco benefician de manera uniforme a todas las familias.

La migración puede generar consecuencias económicas diferentes: salida de determinadas capacidades laborales, apoyo financiero desde el extranjero, mantenimiento de redes transnacionales y cambios en la composición de los hogares. Lo importante es reconocer que tales efectos pueden coexistir. El Banco Mundial también identifica oportunidades productivas en Haití, particularmente en agricultura y actividades vinculadas con productos como cacao, café, mango y vetiver. Su informe de septiembre de 2026 destaca que el sector agrícola emplea a casi la mitad de la población ocupada, pero recibe menos del 1 % del crédito formal. Este contraste merece una reflexión: una sociedad puede disponer de trabajadores, conocimientos, tierra cultivable y oportunidades comerciales, pero enfrentar dificultades para transformar esas capacidades en producción sostenible.

Un agricultor necesita financiar insumos, transportar mercancías y acceder a mercados. Una empresa requiere energía, seguridad jurídica, infraestructura y trabajadores que puedan movilizarse. Una institución financiera necesita condiciones razonables para evaluar riesgos y recuperar créditos. La inseguridad puede afectar todos esos procesos. Por tanto, el problema haitiano no puede explicarse como una ausencia absoluta de recursos humanos o económicos. Una parte importante del desafío reside en la limitada capacidad institucional para organizar, proteger y potenciar esos recursos. Desde esta perspectiva, considero que la recuperación económica debe comprenderse como parte de la reconstrucción del Estado y no simplemente como una consecuencia que aparecerá después de alcanzar la seguridad. Sin oportunidades productivas, la recuperación institucional también encuentra límites.

República Dominicana: soberanía, comercio y responsabilidades que no deben confundirse

República Dominicana ocupa una posición singular dentro de esta crisis. Comparte con Haití la isla de La Española, mantiene una frontera terrestre y desarrolla relaciones económicas, sociales y laborales que no pueden entenderse únicamente mediante las estadísticas migratorias. La frontera dominico-haitiana constituye un límite jurídico entre dos Estados soberanos. Al mismo tiempo, funciona como espacio comercial, territorio de seguridad y escenario de relaciones humanas históricamente complejas. Reducirla exclusivamente a un problema de inmigración irregular dejaría fuera dimensiones fundamentales. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones dominicanas hacia Haití alcanzaron US$563.14 millones, según estadísticas de la Dirección General de Aduanas divulgadas en junio de ese año. La cifra representó un crecimiento del 24.64 % respecto al mismo período de 2025. Estos datos reflejan la importancia del comercio registrado durante ese intervalo, incluso en un contexto de profunda inestabilidad del lado haitiano. No permiten calcular por sí solos el beneficio económico neto de la relación bilateral, pero demuestran que el vínculo entre ambos países trasciende ampliamente los controles migratorios.

En el ámbito laboral ocurre algo semejante. La presencia de trabajadores extranjeros en actividades productivas dominicanas exige evaluar las condiciones de contratación, los mecanismos de regularización, la informalidad, las responsabilidades empresariales y la capacidad de fiscalización estatal. No considero metodológicamente correcto afirmar que toda inmigración constituye automáticamente una carga económica ni sostener que produce siempre beneficios netos. Ambas posiciones requieren datos específicos sobre productividad, salarios, aportes fiscales y demanda de servicios públicos. Un análisis serio también debe incluir la responsabilidad de quienes contratan trabajadores al margen de las normas. La irregularidad laboral no puede estudiarse exclusivamente desde la situación documental de la persona extranjera. Existen relaciones económicas, mecanismos de intermediación y obligaciones empresariales que también deben examinarse.

Por otra parte, el Estado dominicano conserva competencias legítimas para regular el ingreso, permanencia y salida de extranjeros. La Ley General de Migración 285-04, su Reglamento de Aplicación establecido mediante el Decreto 631-11 y las demás disposiciones correspondientes integran el marco jurídico nacional. En septiembre de 2026, la Dirección General de Migración informó que entre enero y agosto habían sido deportados 265,412 extranjeros en condición migratoria irregular, conforme a sus registros administrativos. Es una cifra significativa de actuaciones migratorias, pero no constituye un censo de la población extranjera residente ni permite determinar, por sí sola, el efecto económico o de seguridad de esas operaciones.

También debe reconocerse que el ejercicio de las potestades migratorias se encuentra sujeto a garantías jurídicas. El artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla disposiciones sobre circulación, residencia, asilo, expulsiones colectivas y protección frente a devoluciones hacia determinados riesgos graves. Las obligaciones aplicables deben examinarse según las circunstancias individuales, el marco normativo y los procedimientos correspondientes. No existe una contradicción necesaria entre soberanía y debido proceso: la soberanía comprende la capacidad legítima de hacer cumplir las normas nacionales, mientras que el debido proceso establece las garantías mediante las cuales debe ejercerse la autoridad pública.

La discusión dominicana requiere, por tanto, algo más que posiciones enfrentadas entre apertura y restricción migratoria. Necesita evaluar los controles fronterizos, la responsabilidad empresarial, las garantías legales, los servicios públicos y la cooperación bilateral mediante indicadores verificables. República Dominicana no tiene la obligación de sustituir al Estado haitiano en sus responsabilidades de gobierno. Pero tampoco puede ignorar que la relación bilateral produce efectos económicos y administrativos que forman parte de su propia realidad nacional.

Centroamérica: el control de una ruta no equivale a resolver las causas de la migración

La experiencia centroamericana permite examinar otra dimensión de la movilidad haitiana. Durante diferentes períodos, migrantes procedentes de Haití y de otros países han utilizado territorios como Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala como parte de itinerarios hacia México y Estados Unidos. Algunos ciudadanos haitianos iniciaron sus desplazamientos directamente desde su país; otros habían residido previamente en Brasil, Chile u otras naciones sudamericanas. Esto demuestra que una trayectoria migratoria puede desarrollarse por etapas y responder a cambios sucesivos en el empleo, las condiciones jurídicas, las redes familiares o las oportunidades disponibles.

El caso del Darién, entre Colombia y Panamá, resulta particularmente ilustrativo. Los cruces irregulares registrados por las autoridades panameñas disminuyeron de 302,203 durante 2024 a 3,091 en 2025, una reducción aproximada del 99 %. Estas cifras corresponden al conjunto de nacionalidades, no exclusivamente a ciudadanos haitianos. La reducción coincidió con cambios importantes en los controles panameños y en la política migratoria estadounidense. Sin embargo, los datos no permiten atribuir toda la disminución a una sola decisión gubernamental; tampoco demuestran que desaparecieron las razones que impulsaban a las personas a desplazarse. Lo que sí muestran es una transformación extraordinaria del tránsito observado en una ruta determinada.

Esta diferencia es esencial para evaluar políticas públicas. Un Estado puede disminuir las entradas irregulares registradas en su territorio; ese resultado puede representar un avance respecto de sus objetivos administrativos o fronterizos. Pero no equivale necesariamente a una mejora de las condiciones económicas, sociales o de seguridad en los países de origen. Las restricciones pueden influir en las decisiones de viajar, permanecer, retornar o buscar otros itinerarios. La magnitud de esos cambios debe estudiarse mediante registros comparables y seguimiento de trayectorias migratorias. No resulta correcto afirmar que todas las personas simplemente cambiaron de ruta sin demostrarlo.

Desde la perspectiva geopolítica, la experiencia centroamericana evidencia una interdependencia importante: las decisiones adoptadas en un país pueden modificar las condiciones de movilidad que enfrentan las personas y las instituciones de otros territorios. Sin embargo, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala no constituyen una sola realidad migratoria. Sus marcos jurídicos, capacidades institucionales y funciones dentro de los itinerarios regionales son diferentes. Una evaluación rigurosa necesita preservar esas diferencias. La lección principal es que debemos distinguir entre políticas destinadas a controlar la movilidad y políticas dirigidas a transformar las condiciones que la originan. Ambas pueden ser objeto de evaluación, pero no deben confundirse.

El Caribe: cuando la seguridad deja de ser un asunto exclusivamente nacional

La crisis haitiana también presenta consecuencias particulares para otras jurisdicciones del Caribe. Bahamas, Jamaica y las Islas Turcas y Caicos enfrentan situaciones distintas de las dominicanas. Sus desafíos incluyen vigilancia marítima, movimientos de personas, retornos y cooperación en materia de seguridad. La Organización Internacional para las Migraciones registró durante 2025 aproximadamente 270,214 retornos forzosos hacia Haití procedentes de distintos países y territorios. La mayoría de los retornos observados se originó en República Dominicana, con 265,215 casos. También se registraron 2,935 desde las Islas Turcas y Caicos, 1,159 desde Estados Unidos, 756 desde Bahamas y 147 desde Jamaica. Estas cantidades corresponden al sistema de observación de la OIM para 2025. No deben confundirse con las estadísticas administrativas dominicanas de 2026. Su importancia reside en mostrar que los movimientos de retorno involucran varias jurisdicciones, aunque con magnitudes muy diferentes.

Pero la dimensión caribeña no se limita a la migración. Las investigaciones de Naciones Unidas sobre tráfico ilícito de armas, financiamiento criminal y redes transnacionales evidencian que determinadas amenazas de seguridad requieren cooperación más allá de las fronteras haitianas. Cuando una estructura criminal obtiene suministros o recursos mediante redes internacionales, combatir sus operaciones exclusivamente dentro de Haití puede resultar insuficiente. Esto exige mecanismos de intercambio de información, investigaciones financieras, cooperación aduanera y coordinación judicial. Debe mantenerse, sin embargo, una distinción fundamental: las organizaciones criminales y la población migrante no constituyen categorías equivalentes. Confundirlas puede distorsionar la evaluación de riesgos y debilitar la formulación de políticas públicas.

La Comunidad del Caribe, CARICOM, ha reconocido expresamente la relación entre la seguridad haitiana y la estabilidad de la región. En su declaración del 7 de julio de 2026 reiteró el apoyo a las instituciones haitianas, la recuperación de la seguridad y la preparación de elecciones libres y creíbles. Estas iniciativas muestran que existen mecanismos de respuesta regional. La cuestión pendiente es determinar hasta qué punto esa cooperación logra producir capacidades institucionales duraderas.

La comunidad internacional frente a una pregunta inevitable: ¿estabilizar o reconstruir?

Haití ha recibido distintas modalidades de apoyo internacional a lo largo de su historia reciente: asistencia humanitaria, programas de desarrollo, acompañamiento electoral y operaciones de seguridad. La persistencia de la crisis no demuestra automáticamente que todas esas iniciativas hayan fracasado. Evaluar cada intervención requiere conocer sus objetivos, recursos, duración y resultados. Sin embargo, existe una pregunta fundamental sobre su sostenibilidad: ¿se están construyendo capacidades que el propio Estado haitiano pueda mantener cuando disminuya la asistencia externa?

En febrero de 2026 concluyó el mandato del Consejo Presidencial de Transición y el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, junto con el Consejo de Ministros, asumió las responsabilidades gubernamentales, según documentó CARICOM. Esta transición demuestra que existen autoridades e iniciativas formales de reorganización, pero la existencia de un gobierno no debe confundirse con la recuperación efectiva de las capacidades administrativas y territoriales. En octubre de 2026, el Consejo Electoral Provisional extendió hasta el día 31 determinados procesos de inscripción de candidaturas y anunció ajustes al calendario electoral, en un contexto donde la realización de los comicios continúa condicionada por dificultades políticas, logísticas y de seguridad. La organización de elecciones constituye un componente esencial de la legitimidad democrática; no obstante, no resuelve por sí sola los problemas de justicia, recaudación, seguridad y funcionamiento económico.

También es necesario considerar los esfuerzos internacionales de apoyo a la seguridad. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 29 de septiembre de 2026 la Resolución 2829, mediante la cual prorrogó hasta el 31 de marzo de 2027 el mandato de la Fuerza de Supresión de Pandillas. La continuidad de ese mecanismo constituye una decisión relevante, pero su desempeño deberá evaluarse mediante resultados verificables, particularmente en protección civil, recuperación territorial y fortalecimiento de las capacidades haitianas. Desde mi interpretación, el error consistiría en considerar la seguridad, la justicia, la economía y la legitimidad política como procesos completamente separados.

Recuperar carreteras sin garantizar la continuidad de la actividad productiva puede limitar los beneficios de la seguridad. Mejorar la recaudación sin mecanismos efectivos de fiscalización puede reproducir vulnerabilidades administrativas. Convocar elecciones sin condiciones suficientes de participación puede comprometer la confianza democrática. Fortalecer instituciones de seguridad sin controles de responsabilidad también puede generar riesgos. El desafío no consiste en esperar que todas las condiciones sean perfectas para comenzar, sino en coordinar las intervenciones de manera que los avances en un área fortalezcan las capacidades de las demás. Una reconstrucción sostenible requiere esa articulación.

Cómo reconocer si Haití está comenzando realmente a recuperarse

Considero que uno de los aportes más importantes del análisis institucional consiste en distinguir los anuncios de los resultados. Si queremos determinar si Haití está recuperando capacidad para gobernarse, necesitamos indicadores que permitan observar cambios concretos. La autoridad territorial no debería evaluarse solamente por el número de operaciones de seguridad: también debe medirse mediante la posibilidad de circular de manera segura, mantener corredores comerciales abiertos y garantizar presencia institucional sostenida en las comunidades. La capacidad administrativa necesita indicadores de recaudación, ejecución presupuestaria, controles financieros, prestación de servicios y continuidad de las instituciones públicas.

El funcionamiento judicial debe examinarse mediante investigaciones, procesos concluidos, garantías legales y capacidad para enfrentar tanto la violencia como sus mecanismos de financiación. La recuperación económica requiere observar empresas operativas, acceso al crédito, empleo, producción agrícola, conectividad comercial y condiciones para la inversión. En el ámbito social resulta fundamental analizar la continuidad educativa, la atención sanitaria, la seguridad alimentaria y las posibilidades de retorno voluntario y seguro de las personas desplazadas. Finalmente, la legitimidad democrática no puede medirse exclusivamente por la celebración de elecciones: también deben considerarse las condiciones de participación, la transparencia, el registro electoral y la capacidad de las autoridades para ejercer efectivamente sus funciones.

Estos criterios constituyen una propuesta de evaluación, no un índice oficialmente validado. Su finalidad es establecer una diferencia entre recuperación temporal y fortalecimiento institucional sostenido. Un país puede experimentar mejoras parciales sin haber superado todas sus dificultades. Reconocer esos avances es importante, pero también lo es evitar que se presenten como una transformación integral antes de contar con evidencia suficiente.

La paradoja regional: Haití enfrenta la crisis, pero sus consecuencias atraviesan fronteras

Al reunir los datos económicos, los informes de seguridad y los registros migratorios, encuentro una relación que resume buena parte del problema estudiado. Haití enfrenta enormes restricciones para administrar su territorio, proteger a su población y financiar sus instituciones. Al mismo tiempo, determinadas estructuras criminales obtienen recursos mediante actividades coercitivas que profundizan las dificultades económicas y sociales. En ese escenario, las familias modifican sus decisiones: algunas se desplazan dentro del territorio, otras emigran y otras permanecen bajo condiciones difíciles porque carecen de alternativas materiales.

Los países vecinos, por su parte, deben gestionar consecuencias diferentes. República Dominicana administra una frontera terrestre, relaciones comerciales y procesos migratorios de gran magnitud. Centroamérica experimenta transformaciones en las rutas y en las condiciones del tránsito internacional. Diversas jurisdicciones del Caribe afrontan desafíos marítimos, protección de personas y necesidades de cooperación en seguridad. No significa que todos esos efectos tengan exclusivamente su origen en Haití ni que sea posible atribuirles un costo económico neto sin investigaciones específicas. Significa que la fragilidad institucional de un Estado puede producir consecuencias que otros territorios necesitan administrar mediante sus propias competencias públicas.

Esta es la tesis que considero más importante del presente análisis: la crisis haitiana se ha convertido en un proceso de redistribución regional de los costos del debilitamiento institucional, cuyos efectos recaen de manera desigual sobre familias, comunidades, empresas y administraciones públicas. La afirmación no atribuye responsabilidad colectiva a los ciudadanos haitianos que emigran. Tampoco niega las oportunidades económicas que la migración puede producir ni desconoce las responsabilidades de las sociedades receptoras. Busca explicar que una crisis nacional prolongada puede generar efectos transnacionales cuya gestión exige respuestas diferenciadas, sin trasladar íntegramente a los países vecinos las obligaciones de gobierno que corresponden al Estado haitiano.

En esta distinción encuentro una base más útil para la discusión regional que las interpretaciones que reducen todo el problema a una cantidad de personas deportadas, una frontera reforzada o una operación internacional anunciada.

El verdadero indicador de recuperación: que permanecer vuelva a ser una posibilidad

Después de examinar la dimensión histórica, fiscal, económica, social y geopolítica de la crisis, considero insuficiente preguntarnos únicamente cuándo dejarán de emigrar los haitianos. La migración existe también entre sociedades estables y constituye una manifestación ordinaria de las relaciones económicas, familiares y culturales. El problema no es que una persona decida buscar oportunidades en otro país. El problema aparece cuando permanecer en su comunidad implica riesgos que limitan gravemente su libertad de elección o cuando las condiciones económicas hacen extremadamente difícil construir un proyecto de vida.

No podemos reducir la recuperación haitiana al número de personas que otros Estados consiguen retornar. Tampoco podemos medirla exclusivamente mediante contingentes internacionales, compromisos financieros o declaraciones diplomáticas. La recuperación deberá reflejarse en la capacidad de las instituciones para proteger a las comunidades, administrar recursos, garantizar justicia y permitir el funcionamiento regular de la economía. Cuando un agricultor pueda transportar sus productos sin depender de pagos impuestos por actores criminales; cuando una familia pueda vivir en su comunidad sin temor permanente; cuando una empresa pueda operar bajo reglas conocidas; cuando los estudiantes puedan asistir regularmente a sus centros educativos y los ciudadanos puedan exigir justicia mediante procedimientos legítimos, tendremos evidencias más concretas de una recuperación institucional.

Esto no significa que Haití carezca actualmente de personas capaces, profesionales comprometidos, organizaciones comunitarias o iniciativas productivas. Por el contrario, reconocer esas capacidades constituye una condición para comprender cómo podría desarrollarse una reconstrucción auténticamente nacional. La sociedad haitiana no debe confundirse con las estructuras criminales que operan en determinadas zonas ni con las dificultades de sus autoridades. Tampoco corresponde a República Dominicana, Centroamérica o los demás países caribeños asumir indefinidamente funciones que pertenecen a las instituciones haitianas. La cooperación internacional puede proporcionar recursos, conocimientos y apoyo operativo; sin embargo, la sostenibilidad exige que las propias instituciones nacionales recuperen capacidad para gobernar.

Una frontera puede controlar el ingreso de personas. Una política migratoria puede regular la permanencia de extranjeros. Una fuerza de seguridad puede contribuir a recuperar determinadas zonas. Pero ninguna de esas actuaciones, por sí sola, sustituye la existencia de instituciones capaces de garantizar seguridad, justicia y oportunidades dentro de Haití. Por ello, concluyo que el verdadero desafío geopolítico no consiste simplemente en contener los efectos externos de la crisis haitiana, sino en contribuir a crear condiciones para que sus causas institucionales y económicas puedan ser enfrentadas de manera sostenible por el propio Estado haitiano.

Hasta que eso ocurra, los países vecinos continuarán afrontando consecuencias diferenciadas y numerosas familias seguirán tomando decisiones de movilidad condicionadas por las oportunidades y los riesgos que encuentran. La historia de Haití demuestra que la soberanía jurídica puede mantenerse incluso bajo condiciones extraordinariamente difíciles. Su recuperación institucional exigirá transformar esa soberanía en capacidad efectiva de gobierno. Y esa diferencia nos conduce a la pregunta que, a mi juicio, debería orientar cualquier evaluación seria de la cooperación y las políticas regionales: ¿estamos contribuyendo a reconstruir las instituciones que Haití necesita para gobernarse o simplemente perfeccionando, desde otros países, la administración de las consecuencias de su fragilidad?

La respuesta no se encontrará únicamente en las fronteras. Se encontrará en la capacidad del Estado haitiano para recuperar su autoridad legítima, restablecer la confianza pública y ofrecer a sus ciudadanos algo que ninguna política migratoria extranjera puede garantizarles dentro de su propio territorio: la posibilidad real de permanecer, trabajar y construir su futuro en condiciones de seguridad, legalidad y dignidad.