Cuando observamos unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, normalmente vemos atletas, medallas, instalaciones, ceremonias, voluntarios, seguridad, transporte y miles de personas movilizándose alrededor de las competencias, pero pocas veces nos preguntamos qué tuvo que ocurrir dentro del Estado antes de que todo aquello pudiera funcionar de manera sincronizada.
Santo Domingo 2026 ofrece una oportunidad extraordinaria para analizar precisamente eso.
Y es importante aclarar desde el inicio que cuando en este artículo hablamos del “debido proceso” de Santo Domingo 2026, no lo hacemos únicamente en su sentido constitucional o procesal jurídico, sino también desde la línea editorial de El Debido Proceso RD, para examinar la secuencia institucional, jurídica, administrativa, financiera y operativa que permitió llevar un compromiso público desde su planificación hasta su ejecución.
Porque detrás de unos Juegos existen decisiones que el público pocas veces ve.
Y esta historia no comenzó con Kelvin Cruz.
Antes del cambio de ministro ya existía un compromiso de Estado
Santo Domingo fue ratificada oficialmente como sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe el 26 de febrero de 2022, mediante decisión unánime de la Asamblea Extraordinaria de Centro Caribe Sports. Para ese momento, el proyecto contaba con el respaldo del presidente Luis Abinader, del entonces ministro de Deportes Francisco Camacho y de las autoridades deportivas nacionales.
A partir de ahí, el país tenía algo más que una aspiración: había asumido un compromiso internacional.
El 27 de abril de 2022, mediante el Decreto núm. 201-22, el presidente Luis Abinader dispuso la conformación del Comité Organizador de los Juegos, presidido por José P. Monegro, cuyos integrantes fueron juramentados el 27 de mayo de ese mismo año.
Esa decisión es clave para entender todo lo que vino después: los Juegos no dependían de una sola persona ni de un solo ministerio, sino de una estructura amplia que integraba instituciones públicas y privadas.
También se estableció un mecanismo financiero mediante el Decreto núm. 450-22, del 16 de agosto de 2022, que creó el Fideicomiso Filantrópico de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, administrado por Fiduciaria Reservas.
Para agosto de 2024 ya existían, por tanto, elementos esenciales: sede confirmada, Comité Organizador, estructura financiera y un Ministerio de Deportes involucrado en el proceso.
Entonces ocurrió un cambio que conectaría, de forma inesperada, los Juegos con el derecho municipal dominicano.
Agosto de 2024: Kelvin Cruz pasa de alcalde a ministro
El 15 de agosto de 2024, el presidente Luis Abinader designó a Kelvin Cruz como ministro de Deportes y Recreación, en sustitución de Francisco Camacho. Cruz asumió formalmente el 16 de agosto.
Hasta ese momento era alcalde electo de La Vega, por lo que presentó su renuncia al cabildo.
La vicealcaldesa Amparo Custodio debía asumir la sustitución, pero también renunció posteriormente. Ante ese escenario, el secretario general del Ayuntamiento, Joel Martínez González, asumió provisionalmente las funciones de alcalde conforme al artículo 64 de la Ley núm. 176-07.
Este hecho abrió un debate institucional relevante: una decisión del Gobierno central terminó evidenciando debilidades en el sistema de sustitución de autoridades municipales cuando se producen vacantes simultáneas.
El tema generó discusión política y jurídica durante meses, hasta que posteriormente se produjo una reforma legal.
Una reforma legal que debe explicarse correctamente
Es importante precisar que la Ley 176-07 no fue modificada para permitir la designación de Kelvin Cruz como ministro ni para asuntos vinculados directamente a los Juegos.
Lo que ocurrió fue que la situación expuesta en La Vega evidenció debilidades del régimen de suplencias municipales.
Posteriormente se aprobó la Ley núm. 61-25, publicada el 4 de agosto de 2025, que modificó los artículos 36, 64 y 81 de la Ley 176-07, para clarificar la sustitución de autoridades locales.
Se trata de un proceso independiente de las preferencias políticas, donde la legislación se ajusta cuando la realidad demuestra vacíos normativos.
Mientras tanto, el calendario de Santo Domingo 2026 continuaba avanzando.
Cruz no recibió unos Juegos desde cero; recibió un proceso en marcha
Es importante no distorsionar la realidad: Kelvin Cruz no inició el proyecto de los Juegos.
Cuando llegó al Ministerio, la sede ya estaba asignada, el Comité Organizador operaba y el fideicomiso estaba en funcionamiento.
Sin embargo, sí asumió una etapa crítica: la ejecución final, donde se concentran infraestructura, logística, coordinación institucional y cumplimiento de plazos internacionales inamovibles.
Aquí se evidencia un principio clave de la administración pública: la continuidad institucional.
Las políticas públicas no deben detenerse por cambios de funcionarios, sino ajustarse y continuar.
Una carrera contra el calendario, no un “récord” sin base técnica
Durante los meses siguientes se desarrolló un amplio proceso de construcción, reconstrucción y modernización de instalaciones deportivas.
El Gobierno informó una inversión cercana a RD$9,000 millones en infraestructura, con intervenciones en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, el Centro Acuático y otros escenarios.
A pocos días de la inauguración aún se entregaban instalaciones, dentro de un proceso altamente exigente en términos de tiempo.
El resultado final fue visible: instalaciones renovadas con estándares internacionales, tecnología, iluminación, climatización y equipamiento especializado.
Más allá de la obra física, el reto fue garantizar su funcionamiento integral.
Y ahora surge una nueva responsabilidad: su preservación.
La verdadera prueba fue sincronizar instituciones
Los Juegos no funcionan por un solo escenario terminado, sino por la coordinación simultánea de múltiples sistemas.
Santo Domingo 2026 reunió a más de 6,200 atletas de 37 países y territorios, en 40 deportes, lo que implicó una operación compleja de transporte, seguridad, salud, tecnología, alojamiento, acreditación y logística.
Detrás de cada competencia existía una red institucional operando en silencio.
El voluntariado superó las 10,000 personas, incluyendo participantes internacionales.
Esto demuestra que la organización no fue obra de una sola institución, sino de un sistema estatal articulado.
El reconocimiento debe incluir al presidente de la República, al Comité Organizador, al Ministerio de Deportes, al Ministerio de Vivienda y Edificaciones, al Comité Olímpico Dominicano, a Centro Caribe Sports, federaciones, cuerpos de seguridad, técnicos, voluntarios y servidores públicos.
Preparar instalaciones no era suficiente: había que preparar atletas
El Ministerio de Deportes entregó RD$893 millones al Comité Olímpico Dominicano para la preparación de los atletas.
Además, se establecieron incentivos económicos para medallistas: RD$300,000 por oro, RD$150,000 por plata y RD$100,000 por bronce, además de incentivos para equipos, entrenadores y federaciones.
El atleta sigue siendo el centro de toda política deportiva.
Una presentación a la altura del compromiso
La inauguración integró cultura, tecnología e identidad nacional, proyectando al país ante millones de personas.
El Comité Organizador reconoció el proceso acumulado de distintas administraciones, lo que fortalece la institucionalidad.
En el plano digital, el evento alcanzó una proyección superior a 1,039 millones de personas, según datos oficiales.
¿Y la transparencia?
El reconocimiento de resultados no elimina la obligación de fiscalización.
El proceso incluye revisión de contratos, ejecución presupuestaria, auditorías y mantenimiento de infraestructuras.
El Estado informó una inversión significativa, por lo que la rendición de cuentas debe continuar más allá del evento.
La transparencia no termina con la clausura.
Y nuestros atletas pusieron el broche de oro
Finalmente, el resultado más importante no fue institucional sino deportivo.
República Dominicana obtuvo 150 medallas:
46 de oro, 37 de plata y 67 de bronce.
Se trata de la mejor actuación histórica del país en estos Juegos.
Detrás de cada medalla hay años de esfuerzo, disciplina, sacrificio y trabajo silencioso de atletas, entrenadores y familias.
Entonces, ¿dónde estuvo realmente el debido proceso?
Santo Domingo 2026 no puede explicarse por una sola figura.
Es el resultado de una cadena institucional que comenzó años antes, continuó con cambios de autoridades, reformas legales, ejecución de obras, coordinación interinstitucional y culminó con una actuación deportiva histórica.
La lección principal es clara: la gestión pública es continuidad, no propiedad individual.
Ahora queda una pregunta para el ciudadano
Cuando Kelvin Cruz fue designado ministro, dejó una alcaldía en funciones y se generó un debate institucional que incluso derivó en reformas legales.
Hoy, con los resultados sobre la mesa, el país puede evaluar ambas dimensiones.
Por eso, más que responder por el lector, El Debido Proceso RD deja la pregunta abierta:
¿Valió la pena la decisión de designar a Kelvin Cruz como ministro de Deportes?
¿O debió continuar como alcalde de La Vega?
La respuesta no debe basarse en simpatías políticas, sino en el análisis del proceso completo.
Miremos el proceso. Miremos las instituciones. Miremos las decisiones. Miremos los resultados.
Porque fiscalizar también es reconocer cuando el Estado funciona.
Y ese equilibrio es lo que permite avanzar como país.
El Debido Proceso RD
Justicia · Transparencia · País
Por Darlin Tiburcio