Este artículo no nació porque El Debido Proceso RD decidiera buscar algo negativo que decir sobre la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nació porque estudiantes y seguidores comenzaron a escribirnos. Un mensaje llevó a otro. Algunos hablaban de calificaciones que nunca aparecieron; otros, de materias cursadas completamente cuyo resultado tardó demasiado en reflejarse; otros describían el recorrido de buscar al profesor, acudir a la Escuela, preguntar al coordinador, regresar, escribir nuevamente y continuar esperando.
Entre esas conversaciones apareció una expresión difícil de ignorar: hay estudiantes que aseguran que les resulta menos costoso volver a cursar una asignatura que continuar persiguiendo una reclamación. No necesariamente menos costoso en dinero, sino en tiempo, transporte, permisos laborales, desplazamientos, llamadas y desgaste. También llegaron relatos sobre estudiantes que consideran incorrecta una puntuación pero terminan aceptándola, jóvenes que sienten temor de insistir demasiado y alumnos que aseguran haber visto retrasada su trayectoria académica mientras esperan la solución de una nota.
Nada de esto significa que cada reclamación estudiantil sea correcta. Un estudiante puede equivocarse, un profesor puede tener razón y una calificación baja puede ser perfectamente justa. Tampoco sería responsable convertir relatos individuales en acusaciones contra todo el profesorado de la UASD. Pero cuando situaciones semejantes se repiten entre estudiantes de distintas carreras, generaciones y centros, corresponde hacer preguntas, revisar las normas y buscar evidencias.
La UASD reportó más de 160 mil estudiantes de grado y técnico superior durante el período 2025-10. Estamos ante una institución enorme, compleja y con presencia nacional. Esa dimensión explica parte de sus dificultades administrativas, pero también aumenta la responsabilidad de disponer de procedimientos capaces de responder sin que el estudiante tenga que perseguir personalmente cada solución.
Pensemos en una asignatura en la que se realicen tres exámenes de 25 puntos cada uno, una actividad de cinco, diez puntos de asistencia y diez correspondientes al trabajo final. Son 100 puntos. El estudiante realiza los tres exámenes, cumple la actividad, asiste y entrega el trabajo. Académicamente cursó la asignatura. Pero termina el semestre y la nota no aparece.
En ese momento el problema ya no es si obtuvo A, B, C, D o F. La primera pregunta es mucho más básica: ¿dónde está el resultado de cuatro meses de trabajo académico?
Entonces empieza otra especie de asignatura que no figuraba en el programa: localizar al docente, escribir, consultar el sistema, acudir a la Escuela, explicar el caso, buscar al coordinador y esperar. Si finalmente aparece una puntuación que el estudiante entiende que no corresponde con lo acumulado, empieza otra etapa: conseguir que alguien la revise.
El Reglamento de Rendimiento Académico Estudiantil de la propia UASD establece que las calificaciones finales deben ser entregadas dentro de los diez días calendario posteriores a la evaluación final. También establece que las calificaciones parciales deben comunicarse oportunamente y que el estudiante debe conocer sus resultados acumulados. Es decir, la evaluación no debería funcionar como una caja negra en la que el alumno descubre al final una letra sin poder reconstruir cómo se llegó a ella.
Eso no significa regalar puntos. Significa exactamente lo contrario: que cada estudiante reciba la puntuación correspondiente a su rendimiento. Ni un punto de más por complacencia ni un punto de menos por conflicto, simpatía o cualquier elemento ajeno a su desempeño académico.
Y aquí la discusión deja de descansar solamente en testimonios. La propia Memoria Institucional 2023-2024 de la UASD informó la revisión de 1,563 correcciones de notas remitidas por Registro Universitario y la verificación de 312 secciones que permanecían sin reportar calificaciones correspondientes a los semestres 2023-20 y 2024-10.
Es importante interpretar correctamente esos números. Una corrección de nota no demuestra por sí sola una arbitrariedad y 312 secciones no equivalen necesariamente a 312 estudiantes. Pero sí demuestran algo fundamental: los problemas relacionados con registros y calificaciones no existen únicamente en conversaciones de pasillo; también aparecen dentro de los propios controles institucionales de la Universidad.
A esto se añaden denuncias estudiantiles realizadas públicamente durante distintos períodos y en diferentes centros. Organizaciones estudiantiles han reclamado por secciones sin calificaciones publicadas y estudiantes de diferentes recintos han planteado situaciones relacionadas con notas, continuidad académica y dificultades para completar determinadas asignaturas. Cada caso debe verificarse individualmente, pero la reiteración del tema demuestra que merece una mirada institucional más profunda.
La normativa de la UASD no solamente establece plazos. También contempla consecuencias para los profesores que incumplen reiteradamente con la entrega de calificaciones, incluyendo amonestaciones, descuentos salariales y otras medidas dependiendo de la duración y reincidencia del retraso. Eso conduce a una pregunta inevitable: ¿cuántas veces se aplican realmente esas disposiciones?
Ese dato es importante porque una norma que establece plazos y sanciones solamente puede evaluarse conociendo su nivel real de cumplimiento. ¿Cuántos docentes entregaron calificaciones fuera de plazo? ¿Cuántos fueron advertidos? ¿Cuántos recibieron alguna de las medidas contempladas? ¿Cuántos casos se repitieron?
El estudiante también tiene derecho a solicitar revisión de una calificación. El Reglamento establece incluso que, cuando el profesor no puede o no quiere realizarla, deben intervenir otras autoridades académicas. Sobre el papel, por tanto, existe una vía. El problema que describen algunos estudiantes es lo que ocurre cuando intentan recorrerla.
Hay quienes aseguran haber realizado múltiples gestiones sin obtener una solución rápida. En redes sociales pueden encontrarse relatos sobre casos prolongados durante meses e incluso períodos mayores. El Debido Proceso RD no debe afirmar, sin expedientes que lo demuestren, que una reclamación académica dura normalmente dos o tres años. Pero esos testimonios justifican preguntar oficialmente cuál es el tiempo promedio real de una revisión, cuántos casos permanecen pendientes, cuántas solicitudes terminan modificando una nota y cuántas son rechazadas.
Aquí aparece posiblemente uno de los problemas menos visibles de todos: las reclamaciones que nunca llegan a convertirse en reclamaciones formales.
La UASD informó que durante 2025 su Sistema de Quejas, Reclamos y Sugerencias recibió 4,820 casos y reportó que más del 82 % fueron solucionados satisfactoriamente. La institución también informó mejoras en los tiempos generales de atención. Esos datos deben reconocerse y forman parte de la realidad institucional.
Pero una estadística administrativa solamente puede contar aquello que llegó al sistema.
No necesariamente cuenta al estudiante que habló repetidamente con su profesor. No cuenta siempre al que envió mensajes, visitó una Escuela varias veces o explicó verbalmente su problema a un coordinador. Mucho menos permite identificar fácilmente al estudiante que comenzó a reclamar y terminó cansándose antes de abrir un expediente formal.
Y aquí vuelve una de las frases que motivaron esta investigación: “me sale más barato coger la materia otra vez”.
Esa expresión merece atención porque repetir una asignatura que un estudiante entiende haber cursado correctamente implica nuevamente meses de clases, transporte, reorganización laboral y selección académica. Si además esa materia constituye un prerrequisito, la consecuencia puede extenderse a otras asignaturas e incluso retrasar una graduación.
Por eso existe una diferencia enorme entre decir “el caso fue solucionado” y decir “el estudiante dejó de reclamar”. Administrativamente pueden terminar pareciéndose. Académicamente significan cosas muy distintas.
También existe otro fenómeno repetido en las conversaciones estudiantiles: profesores conocidos informalmente mediante determinadas puntuaciones. “El profesor del 70”, “la profesora del 60”, “ese no pone más de tanto”. Publicar nombres únicamente por esos apodos sería irresponsable. Pero ignorar completamente el fenómeno también lo sería.
La manera correcta de estudiarlo no es mediante rumores, sino mediante datos. ¿Existen docentes cuyas calificaciones permanezcan durante múltiples semestres concentradas de manera extraordinaria alrededor de determinados valores? ¿Son simples percepciones transmitidas entre generaciones de estudiantes o existen patrones estadísticos que ameritan una revisión?
Eso puede comprobarse.
Un análisis anonimizado de calificaciones por asignatura, sección, período y docente permitiría diferenciar la reputación informal de un comportamiento estadísticamente observable. Y ese ejercicio podría beneficiar tanto a estudiantes como a profesores, porque una evaluación transparente protege también al docente frente a acusaciones que no tengan fundamento.
Existe, además, una cuestión de poder que ninguna universidad debería ignorar. El profesor enseña, examina y califica. Esa autoridad es indispensable para que exista educación universitaria. Pero precisamente porque el estudiante depende de esa evaluación para continuar su carrera, los procedimientos de revisión deben ofrecer suficiente trazabilidad e independencia para impedir que una diferencia académica se convierta en un conflicto personal.
Algunos estudiantes describen una percepción de que entre colegas puede existir protección mutua. No podemos afirmar como hecho que los profesores “se protegen entre sí” sin evidencia que lo demuestre. Lo que sí podemos preguntar es si el mecanismo de revisión ofrece suficientes garantías para que el estudiante confíe en él incluso cuando cuestiona a una persona con autoridad dentro de su propia Escuela o cátedra.
La tecnología puede ayudar considerablemente. Las plataformas académicas pueden registrar asistencia, trabajos entregados, evaluaciones realizadas, puntuaciones parciales, fechas y modificaciones. Cuando existe esa trazabilidad, una controversia puede analizarse mediante evidencia. Eso protege al estudiante que tiene razón y también al profesor que ha sido acusado injustamente.
La discusión, por tanto, no debería plantearse como una guerra entre estudiantes y docentes.
El problema verdadero es determinar si el sistema puede demostrar qué ocurrió.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo ha transformado la vida de generaciones de dominicanos. Su papel dentro de la educación superior pública del país es innegable. Precisamente por esa importancia, sus problemas no deberían ocultarse ni tratarse únicamente como parte de la “experiencia uasdiana”.
Durante años se ha construido una especie de cultura alrededor de la resistencia necesaria para estudiar allí. Se repiten expresiones fuertes para describir la paciencia y el carácter que necesita un estudiante para completar una carrera. Pero conviene distinguir entre exigencia académica y desgaste administrativo.
Una universidad debe ser exigente. Debe obligar a estudiar, investigar, leer, aprobar exámenes y repetir una asignatura cuando el estudiante no alcanzó las competencias necesarias.
Lo que no debería convertirse en una prueba de resistencia es conseguir que una calificación sea publicada, demostrar que una materia fue cursada o lograr que una reclamación sea escuchada.
Este artículo comenzó porque estudiantes y seguidores de El Debido Proceso RD nos escribieron. No pretende afirmar que todos los profesores actúan incorrectamente ni que cada estudiante que reclama tiene razón. Pretende hacer algo mucho más elemental: poner atención sobre una situación que demasiados estudiantes aseguran haber vivido y comenzar a documentarla.
Por eso esta investigación no termina con esta publicación. Queremos conocer cuántas notas se entregan fuera de plazo, cuántas revisiones se realizan, cuánto tardan, cuántas correcciones se producen, qué ocurre con las evaluaciones docentes, cuántos estudiantes terminan repitiendo materias por problemas administrativos o académicos y, especialmente, cuántos dejaron de reclamar porque el desgaste terminó venciendo al procedimiento.
Probablemente esa última cifra no aparezca en ninguna memoria institucional.
Pero puede encontrarse escuchando a los estudiantes.
Queremos escuchar tu historia
¿Eres estudiante o egresado de la UASD?
Cuéntanos si atravesaste una situación de reclamación por una calificación, si una nota nunca fue publicada o si terminaste repitiendo una materia porque no obtuviste respuesta, seguimiento o solución de un maestro o de la instancia académica correspondiente.
Queremos saber qué pasó, cuánto tiempo reclamaste y cómo terminó tu caso.
Si conservas exámenes, capturas, comunicaciones, solicitudes u otros documentos, tu experiencia puede ayudar a transformar una historia contada en un pasillo en un caso verificable.
Y si reclamaste y la Universidad o el profesor solucionaron correctamente tu situación, también queremos conocerlo.
Cuéntanos tu experiencia. Queremos escuchar la voz del estudiante.
El Debido Proceso RD
Justicia, Transparencia, País