Hay debates que existen dentro de las instituciones durante años sin llegar necesariamente a la conversación pública. No porque carezcan de importancia, sino porque quienes los viven conocen el peso de la jerarquía, la disciplina, la obediencia y las consecuencias que puede producir hablar de determinadas situaciones.

En las Fuerzas Armadas dominicanas parece existir uno de esos debates.

Militares que han contactado de manera reservada a El Debido Proceso RD describen una diferencia que, desde su perspectiva, todavía permanece dentro de la carrera militar: la existente entre quienes se formaron directamente en las academias militares y aquellos que construyeron gran parte de su trayectoria desde las unidades, el servicio diario, las operaciones, las especialidades y años de experiencia práctica.

No corresponde a este medio convertir esos testimonios en verdades comprobadas simplemente porque varias personas coincidan en ellos. Tampoco sería responsable afirmar que todos los oficiales procedentes de una academia reciben privilegios o que quienes provienen de otras trayectorias son necesariamente discriminados.

Pero tampoco sería correcto ignorar que la discusión existe.

Y existe desde hace mucho más tiempo de lo que pudiera suponerse.

Una discusión que no comenzó hoy

La expresión «oficiales de tropas» tiene antecedentes dentro de la propia literatura académica militar dominicana.

En 2016 fue presentado ante el Instituto Superior para la Defensa (INSUDE), en la Escuela de Graduados de Estudios Militares del Ejército, un trabajo titulado Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas 139-13 y su incidencia en los oficiales no egresados de las academias militares denominados oficiales de tropas. El estudio analizaba precisamente la situación de militares que habían llegado a la oficialidad sin ser egresados de las academias y examinaba la importancia del papel desempeñado por ellos dentro de las Fuerzas Armadas.

Esto requiere una precisión importante.

La Ley núm. 139-13 no establece actualmente como clasificación jurídica independiente la categoría denominada «oficial de tropa». Su artículo 22 clasifica a los oficiales como oficiales de comando, oficiales especialistas y oficiales de servicios auxiliares. Además, el artículo 24 contempla expresamente que un oficial especialista puede provenir de la categoría de suboficial.

Por tanto, cuando en este artículo utilizamos la expresión «oficial de tropa», lo hacemos en el sentido histórico y práctico con que ha sido utilizada para describir a oficiales cuya trayectoria no se originó necesariamente en el modelo tradicional de egreso de una academia militar.

La precisión importa porque este artículo no pretende construir una división artificial.

Pretende examinar una que algunos miembros de las propias instituciones dicen sentir.

La academia es necesaria, pero la experiencia también educa

Sería absurdo cuestionar la importancia de una academia militar.

Las Fuerzas Armadas modernas necesitan doctrina, formación universitaria, estrategia, liderazgo, derecho, planificación, logística, tecnología, inteligencia y preparación especializada.

Pero la propia Ley 139-13 contiene una idea que merece atención: cuando define al oficial de comando, no habla exclusivamente de entrenamiento. Habla también de haber acumulado las experiencias requeridas para ejercer el mando correspondiente a su grado.

La legislación, por tanto, parece reconocer algo elemental: el conocimiento militar no termina cuando concluye el aula.

Comienza otra etapa: la del terreno; la del servicio; la de la responsabilidad; la de equivocarse, corregir, observar y aprender; la de conocer cómo responde una unidad cuando una instrucción deja de estar escrita sobre un papel y debe convertirse en ejecución.

Y precisamente ahí aparece una de las inconformidades que militares consultados transmiten de manera reservada.

Según esos testimonios, en determinadas circunstancias son miembros con larga trayectoria operacional quienes terminan organizando formaciones, coordinando aspectos de protocolo, preparando determinados servicios, orientando personal más joven o resolviendo situaciones prácticas que requieren años de conocimiento institucional.

Son afirmaciones que este medio no puede generalizar a todas las unidades ni presentar como una realidad uniforme de las Fuerzas Armadas.

Pero plantean una pregunta legítima: si una institución utiliza permanentemente el conocimiento de sus miembros más experimentados, ¿cómo mide después ese conocimiento cuando llega el momento de reconocer el mérito?

¿Qué ocurriría si mañana faltaran quienes conocen la operación?

Hagamos un ejercicio sencillo.

Imaginemos que mañana una parte considerable de los militares que llevan décadas desarrollando labores operacionales pasa a retiro, solicita su baja o simplemente deja de encontrarse disponible.

¿Qué ocurre con todo lo que saben?

No hablamos exclusivamente de lo que aparece escrito en manuales.

Hablamos del conocimiento que una institución acumula durante décadas dentro de las personas: cómo organizar correctamente determinada actividad; cómo identificar un error antes de que ocurra; cómo manejar situaciones que se repiten; cómo coordinar personal; cómo transformar una orden en una operación; cómo reconocer particularidades de una unidad; cómo enseñar al joven que acaba de llegar aquello que solamente se aprende después de años dentro del servicio.

Eso constituye memoria institucional.

Y perder memoria institucional puede resultar tan costoso como perder infraestructura.

Por eso sería un error interpretar este planteamiento como una defensa de la experiencia contra el conocimiento académico.

No son adversarios.

La academia explica por qué debe hacerse algo. La experiencia muchas veces enseña qué ocurre cuando finalmente hay que hacerlo.

Las instituciones fuertes son aquellas capaces de unir ambas cosas.

El mérito no puede existir únicamente en el expediente

La propia Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas establece que el ascenso forma parte esencial de la carrera militar y que debe constituir una oportunidad de realización profesional basada en el mérito y la constancia en el servicio. La normativa también exige aptitudes profesionales, físicas y morales y el mérito de antigüedad para los procesos de ascenso.

Esto también obliga a ser justos en el análisis.

Cumplir determinados años en un grado no significa automáticamente que exista un derecho inmediato al ascenso. Hay evaluaciones, requisitos, escalafón, necesidades institucionales y plazas disponibles.

Por esa razón, sería irresponsable afirmar que una persona fue postergada exclusivamente por no provenir de determinada academia sin contar con los elementos concretos que permitan demostrarlo.

Pero precisamente por eso debería existir la mayor transparencia posible en los mecanismos de evaluación.

El militar debe poder comprender qué se le está evaluando: cuánto pesa su preparación; cuánto pesa su desempeño; cuánto pesa su antigüedad; cuánto pesa su especialidad; cuánto pesa su experiencia; y cuánto pesa realmente su hoja de servicio.

Porque cuando durante años una persona entrega tiempo, disciplina, conocimiento y capacidad a una institución, pero finalmente percibe que todo aquello tiene menos importancia que el origen de su formación, comienza a desarrollarse una frustración que no necesariamente se expresa públicamente.

Se acumula.

Y las instituciones también deben saber escuchar los silencios.

Direcciones, subdirecciones y oportunidades

Otro de los puntos que aparecen reiteradamente en los testimonios recibidos tiene que ver con las oportunidades para ocupar determinadas responsabilidades.

Aquí también resulta imprescindible separar percepción de normativa.

El Decreto núm. 361-21, que modificó disposiciones anteriores sobre selección de directores y subdirectores en las Fuerzas Armadas, dispone que los oficiales superiores de comando propuestos para cargos de dirección deben tener más de 25 años en la institución y cumplir condiciones relacionadas con capacidad, experiencia profesional, formación académica o técnica y condiciones morales y éticas. Para las subdirecciones establece más de 20 años de servicio y otros requisitos.

El mismo decreto contempla además que oficiales auxiliares y especialistas puedan ser candidatos a director o subdirector; en esos casos se les exige título universitario y el cumplimiento del perfil correspondiente, además de más de 25 años para dirección o más de 20 para subdirección.

Esto es particularmente importante.

En el papel, experiencia, tiempo de servicio, preparación y capacidad aparecen conjuntamente.

Por tanto, el debate que merece hacerse no necesariamente es si la normativa reconoce esos elementos.

La pregunta es otra: ¿se perciben y se aplican con ese mismo equilibrio en la práctica cotidiana de la carrera militar?

La diferencia es enorme.

Porque una institución puede tener excelentes normas y aun así necesitar revisar cómo sus miembros experimentan la aplicación de esas normas.

Incluso el Tribunal Constitucional conoció en la Sentencia TC/0399/22 una acción que cuestionó varios artículos de la Ley 139-13 y disposiciones relacionadas con candidatos para posiciones de directores y subdirectores. La existencia de ese litigio no significa que el Tribunal haya determinado que existe discriminación contra una determinada categoría de oficiales; no lo hizo. Sí demuestra que las clasificaciones y sus consecuencias dentro de la carrera militar han llegado anteriormente al terreno de la controversia constitucional.

No pueden existir dos instituciones dentro del mismo uniforme

Quizás la parte más preocupante de los testimonios recibidos no sea siquiera el ascenso.

Es la percepción de pertenecer a trayectorias diferentes dentro de una misma estructura.

Por un lado, quienes consideran que determinadas rutas académicas proporcionan mayor reconocimiento institucional.

Por otro, quienes sienten que llevan años cargando una parte importante de la experiencia operacional, pero no siempre reciben una valoración equivalente.

Si esa percepción llegara a generalizarse, sería inconveniente para cualquier organización castrense.

Porque una Fuerza Armada necesita espíritu de cuerpo, unidad, disciplina y confianza.

No debería existir un militar que considere que su preparación académica le autoriza a menospreciar la experiencia del compañero.

Pero tampoco debería existir un militar experimentado que considere innecesaria la preparación académica del más joven.

Ambos extremos perjudican a la institución.

Un grado establece una jerarquía.

Pero la jerarquía no obliga a desconocer el conocimiento.

Un oficial puede tener autoridad sobre otro miembro y, al mismo tiempo, reconocer que ese subordinado posee veinte años de experiencia en una especialidad que él apenas comienza a conocer.

Eso no debilita el mando. Lo fortalece.

Un verdadero líder no necesita aparentar que lo sabe todo. Necesita saber identificar quién sabe qué.

Los que enseñaron también merecen respeto

Hay una dimensión humana que ninguna legislación debería perder de vista.

Antes de muchas escuelas estuvieron los maestros.

Antes de las universidades existieron pensadores, filósofos y personas que transmitieron conocimiento directamente de generación en generación.

La humanidad no comenzó aprendiendo detrás de un pupitre.

Comenzó observando. Practicando. Preguntando. Siguiendo a quienes ya habían recorrido el camino.

La certificación académica permitió organizar, sistematizar y elevar ese conocimiento. Y eso constituye un extraordinario progreso.

Pero el título nunca debería conducir al desprecio de quien aprendió mediante décadas de experiencia.

Porque también existen maestros que nunca recibieron formalmente ese nombre.

El sargento que enseñó. El suboficial que corrigió. El oficial veterano que explicó. El instructor que permaneció horas preparando a otros. El militar que durante treinta años repitió una tarea hasta convertirla en conocimiento.

Quizás no todos pasaron por las mismas aulas.

Pero muchos ayudaron a construir la institución que posteriormente creó esas aulas.

Y eso merece respeto.

La recomendación de El Debido Proceso RD

El Debido Proceso RD considera que este debate debería ser manejado desde una perspectiva constructiva y no mediante una confrontación entre generaciones ni entre procedencias de formación.

La academia debe continuar fortaleciéndose.

La profesionalización militar debe avanzar.

Los miembros de las Fuerzas Armadas deben estudiar cada vez más.

Las nuevas tecnologías, la transformación de los conflictos, la ciberseguridad, la inteligencia, la logística moderna y los nuevos desafíos de defensa exigen militares altamente preparados.

Pero junto a ese proceso debería existir un esfuerzo igualmente serio por identificar, preservar y reconocer el conocimiento adquirido durante años de servicio.

La experiencia operacional puede ser evaluada. Puede certificarse. Puede convertirse en créditos de formación. Puede incorporarse a programas de instrucción. Puede utilizarse para formar nuevas generaciones. Puede convertirse en parte formal de la memoria doctrinal de las instituciones.

No debería esperarse a que un militar pase a retiro para descubrir todo lo que sabía.

Y especialmente debería cultivarse una cultura de respeto.

Respeto al que estudió. Respeto al que se especializó. Respeto al que llegó primero. Respeto al que lleva décadas. Respeto al que aprendió en un aula. Y respeto al que aprendió durante treinta años en el terreno.

Porque las instituciones no las construye únicamente quien recibe el diploma.

También las construyen quienes estuvieron allí antes de que ese diploma existiera.

Y quizás el oficial joven que hoy posee una formación académica superior deba recordar algo que mañana puede resultarle indispensable: quien te enseñó hoy puede ser la persona a la que necesites preguntarle mañana.

Pero mañana quizás ya no esté.

Por eso el conocimiento de los veteranos no debe utilizarse y después olvidarse.

Debe transmitirse. Debe documentarse. Debe respetarse. Debe reconocerse.

Un militar puede retirarse.

Lo que una institución no debería permitir es que se retire con él todo lo que sabía.

Ese debería ser el verdadero punto de encuentro.

No decidir quién es superior entre el académico y el hombre de experiencia.

Sino construir una institución en la que ambos comprendan que se necesitan.

Porque el diploma puede acreditar lo aprendido. Los años pueden demostrar lo vivido. Y cuando una institución logra combinar conocimiento, experiencia, disciplina, respeto y mérito, deja de preguntarse de dónde vino cada uno y comienza a valorar lo que cada uno es capaz de aportar.

La academia forma.
La experiencia también.
Y quien olvida a quienes le enseñaron corre el riesgo de descubrir demasiado tarde que ya no tiene a quién preguntarle.

EL DEBIDO PROCESO RD
Justicia, Transparencia, País

NOTA EDITORIAL

Este artículo diferencia deliberadamente entre antecedentes normativos, documentos públicos y testimonios recibidos de manera reservada. Las percepciones atribuidas a miembros de las instituciones militares no se presentan como hechos generalizables ni como imputaciones individuales. El propósito es promover una reflexión responsable sobre mérito, experiencia, formación y memoria institucional.