Hay países que se empobrecen no porque les falten riquezas, sino porque nunca aprendieron a distinguir entre lo que se vende una vez y lo que puede sostener la vida todos los días. La República Dominicana está frente a esa decisión.
Durante siglos, esta isla ha sido mirada con deseo. Primero por su ubicación estratégica en el corazón del Caribe; luego por sus tierras fértiles, sus costas, sus montañas, sus bosques, sus ríos y sus minerales. Ha sido codiciada por imperios, inversionistas, gobiernos extranjeros, comerciantes y grupos económicos que han visto en ella una oportunidad de extracción. Pero hoy el país tiene que hacerse una pregunta más profunda que cualquier contrato, más seria que cualquier promesa de inversión y más urgente que cualquier discurso oficial: ¿qué vale más para la República Dominicana, la montaña perforada o la montaña viva?
La respuesta no puede ser emocional solamente. Tiene que ser económica, ambiental, jurídica, municipal, social y generacional. La minería existe, aporta y puede ser necesaria para determinados procesos industriales, tecnológicos y económicos. Ningún análisis serio debe negar eso. En 2025, el Ministerio de Energía y Minas informó que las exportaciones mineras dominicanas superaron los US$2,590 millones, frente a US$1,712.7 millones en 2024, alcanzando el mayor valor histórico registrado por ese sector.
También es cierto que el Estado dominicano recibió ingresos importantes por esa actividad. Según datos de la DGII reseñados por elDinero, la recaudación minera alcanzó RD$40,068.6 millones al cierre de 2025, con un incremento de RD$27,132.2 millones respecto al año anterior. Ese recaudo estuvo compuesto por el Impuesto sobre la Renta de Empresas Mineras, con 41.3 %; el Retorno Neto de Fundición, con 33.7 %; y el Impuesto sobre Utilidades Minerales, con 25.0 %. Esos datos deben reconocerse. Negarlos sería irresponsable.
Pero reconocer que la minería aporta no significa aceptar que la minería pueda decidir el destino del territorio dominicano por encima del agua, la agricultura, el turismo, la industria, la salud ambiental y las comunidades. El problema no es la existencia de la minería. El problema es cuando la minería se coloca por encima de todo; cuando una montaña empieza a ser valorada más por lo que esconde debajo que por el agua que produce arriba; cuando una cuenca se mira como obstáculo de inversión; cuando una comunidad se convierte en zona de sacrificio; y cuando el Estado celebra recaudaciones, pero no mide con igual firmeza el costo de perder suelo, ríos, paisaje, biodiversidad, vocación agrícola y futuro turístico.
Ahí está el centro del debate. No basta con preguntar cuánto deja una mina; hay que preguntar cuánto cuesta una mina. Cuánto cuesta si afecta una fuente de agua, si reduce la capacidad agrícola de una zona, si deteriora el paisaje que puede atraer turismo de montaña, si cambia la vida de una comunidad, si deja pasivos ambientales que luego tiene que cargar el Estado o si una generación recibe ingresos mientras otra hereda el daño.
Las cifras de minería, turismo, manufactura, agricultura, aduanas y comercio exterior no son equivalentes en naturaleza contable. Una cosa son exportaciones mineras; otra, recaudación fiscal minera; otra, ingresos turísticos; otra, ingresos empresariales manufactureros; otra, recaudaciones aduaneras; y otra, valor agregado sectorial. Pero todas esas cifras sí permiten abrir una discusión pública necesaria: ¿qué tipo de riqueza está priorizando la República Dominicana? ¿Una riqueza extractiva, limitada y ambientalmente riesgosa, o una riqueza territorial, productiva, recurrente y potencialmente sostenible?
El Banco Central reportó que en 2025 llegaron al país 8,860,709 pasajeros no residentes por vía aérea, con una variación interanual de 3.8 %. También informó que ingresaron US$346.1 millones adicionales por turismo, para un crecimiento interanual de 3.2 %, y que las divisas totales por exportaciones de bienes, turismo, remesas, inversión extranjera directa y otros servicios ascendieron a US$47,355.7 millones. Ese dato no debe usarse de manera simplista para decir que el turismo lo resuelve todo, porque el turismo también puede generar presión sobre los territorios si no se planifica adecuadamente. Sin embargo, hay una diferencia esencial: el turismo sostenible, cuando se ordena bien, depende de conservar lo que la minería mal manejada puede destruir.
El turismo dominicano no puede quedarse limitado a Punta Cana, a las playas tradicionales o a unos pocos polos ya consolidados. El país tiene una mina turística todavía subdesarrollada: sus montañas, sus rutas agrícolas, sus cuencas, sus paisajes, sus comunidades rurales, su historia local, sus parques, sus senderos, sus climas diversos y su cultura territorial. El turismo de montaña, el ecoturismo, el agroturismo, las rutas culturales, el senderismo, la investigación científica, la educación ambiental y el turismo comunitario están lejos de haber sido desarrollados en todo su potencial.
La pregunta correcta no es si el turismo actual sustituye de inmediato todos los ingresos mineros. La pregunta correcta es qué pasaría si el Estado dominicano invirtiera en turismo sostenible, agricultura de montaña, conservación de cuencas, infraestructura ecológica, caminos rurales, seguridad, formación comunitaria, manufactura territorial, comercio local y ordenamiento del suelo con la misma fuerza con que promueve determinados proyectos extractivos. Qué pasaría si la montaña se mirara como destino, no como cantera; si el agua se considerara infraestructura nacional; si un bosque valiera en el presupuesto tanto como una concesión; y si cada municipio de montaña tuviera una estrategia real de turismo sostenible, producción agrícola, transformación de productos, protección hídrica y marca territorial.
Entonces la comparación cambiaría, porque ya no se trataría solamente de turismo frente a minería. Se trataría de sumar agua, agricultura, turismo, manufactura, comercio, biodiversidad, paisaje, seguridad alimentaria, salud ambiental, identidad cultural y permanencia territorial. Ahí la montaña viva empieza a valer más que la montaña perforada.
La agricultura confirma esta visión. El Banco Central reportó que en 2025 el valor agregado de la actividad agropecuaria creció 3.7 %, impulsado por una expansión de 5.4 % en la agricultura. Ese dato demuestra que los territorios productivos no son piezas decorativas del mapa nacional: producen alimentos, generan empleo, sostienen comunidades y dependen directamente del agua, del suelo, del clima y de la estabilidad ambiental.
La industria también confirma que el país no vive solamente del subsuelo. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística reseñados por Acento, los ingresos de las empresas manufactureras en República Dominicana registraron un crecimiento de 12.4 % durante 2024, al pasar de RD$1,499,320 millones en 2023 a RD$1,685,420 millones en 2024; además, el 95.2 % de esos ingresos provino de la venta de bienes producidos por las propias empresas. Ese dato debe manejarse con cuidado: los ingresos manufactureros no son iguales a impuestos, ni equivalen directamente a riqueza pública. Pero sí revelan algo poderoso: la República Dominicana tiene una base productiva mucho más amplia que la minería. Tiene industria, servicios, agricultura, comercio, turismo, zonas francas, logística, remesas, inversión, cultura y territorios vivos capaces de generar riqueza sin destruir su base natural.
La Dirección General de Aduanas también ofrece una perspectiva importante. La DGA informó que al cierre de 2025 alcanzaría recaudaciones superiores a RD$266,100 millones, superando por más de RD$11,300 millones los ingresos de 2024; además, reportó que entre agosto de 2020 y noviembre de 2025 había recaudado más de RD$1.2 billones. En materia de comercio exterior, las importaciones totales de República Dominicana alcanzaron US$30,216.6 millones en 2025, según estadísticas de Aduanas reseñadas por elDinero. De ese monto, 47.59 % correspondió a bienes de consumo, 35.92 % a materias primas y 16.49 % a bienes de capital.
Todo esto demuestra una verdad que debe entrar con fuerza en el debate nacional: la República Dominicana no es pobre por falta de minas. Puede empobrecerse si permite que la minería le haga olvidar el valor de su agua, su agricultura, su turismo, su industria, su comercio, sus servicios, sus montañas y su gente.
No podemos matar la gallina de los huevos de oro. Pero antes de repetir esa frase, el país debe preguntarse cuál es realmente la gallina. ¿Es solo el oro que duerme debajo de la tierra, o es el sistema completo que mantiene viva la nación: agua, ríos, cuencas, bosques, agricultura, turismo, industria, municipios y comunidades? Antes de extraer nuevos minerales, la República Dominicana debe asegurar primero su fondo vital no negociable. Ese fondo no es una cuenta bancaria; es el conjunto mínimo de condiciones que permite que el territorio siga produciendo vida y riqueza.
Ese fondo vital exige que se cumpla la franja obligatoria de protección de treinta metros en ambas márgenes de las corrientes fluviales, así como alrededor de lagos, lagunas y embalses, como dispone el artículo 129 de la Ley 64-00. Exige que no se sigan deforestando las cuencas hidrográficas, que la agricultura intensiva en zonas de montaña deje de crecer sin planificación, que los planes de ordenamiento territorial no sean documentos decorativos sino instrumentos aplicables, que el turismo no se concentre solo en unos pocos polos, y que se respete la autonomía municipal para que los gobiernos locales participen realmente en las decisiones que afectan su territorio.
La propia Ley 64-00 establece que, previo al otorgamiento de permisos, concesiones y contratos de explotación racional de recursos naturales, el Estado debe solicitar y tomar en cuenta la opinión de los gobiernos municipales y las organizaciones sociales representativas de los municipios respectivos. También dispone que, cuando se trate de recursos naturales no renovables, los municipios donde esté ubicada la explotación recibirán el cinco por ciento de los beneficios netos generados. Ese mandato no puede seguir siendo tratado como una cortesía institucional. Es parte del debido proceso territorial. Si una mina impacta un municipio, ese municipio no puede enterarse tarde, opinar poco y recibir migajas. Debe participar desde el principio, con información clara, estudios verificables, mecanismos de fiscalización y beneficios territoriales reales.
La Ley 368-22 también obliga a mirar el territorio de manera integral. Su objeto es establecer el marco regulatorio del ordenamiento territorial, el uso del suelo y los planes de ordenamiento territorial en los distintos niveles político-administrativos, atendiendo a lineamientos ambientales, culturales, económicos, sociales, de gestión de riesgos y de desarrollo sostenible. Esa ley reconoce criterios como la protección de las características naturales del territorio, la biodiversidad, la eficiencia hídrica y la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas.
Además, los planes de ordenamiento territorial deben incluir participación de la sociedad civil y evaluación ambiental estratégica; y cuando se trate de zonas como áreas protegidas, cuencas hídricas o recursos mineros, deben asegurar la participación de los reguladores sectoriales correspondientes. La ley también reconoce el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial como instrumento técnico-político bajo la jurisdicción de los gobiernos locales, con capacidad para definir la clasificación y calificación del uso del suelo. Por eso la minería no puede decidirse mirando solo el subsuelo. Tiene que cruzarse con el uso del suelo, las cuencas hidrográficas, la vocación agrícola, el turismo, la planificación municipal, los asentamientos humanos y la vida de las comunidades.
Una concesión minera no puede ser una sentencia contra un territorio. Debe ser, como mínimo, una decisión sometida a ciencia, transparencia, consulta, fiscalización, responsabilidad ambiental y control democrático. ¿De qué sirve extraer minerales si al mismo tiempo debilitamos las condiciones que permiten producir alimentos? ¿De qué sirve celebrar ingresos fiscales si comprometemos cuencas que sostienen agricultura, consumo humano, turismo, energía, salud y vida rural? ¿De qué sirve hablar de desarrollo si para obtenerlo dejamos territorios con menos agua, menos bosque, menos suelo fértil y menos futuro?
La minería necesaria es aquella que acepta límites. Esa debe ser la posición nacional: minería sí, pero no por encima del agua; minería sí, pero no en cualquier lugar; minería sí, pero no con contratos opacos; minería sí, pero no sin consulta pública real; minería sí, pero no sin ordenamiento territorial; minería sí, pero no sin garantías ambientales; minería sí, pero no sin beneficio verificable para las comunidades; minería sí, pero nunca como licencia para herir la patria.
La República Dominicana necesita una minería subordinada al territorio, no un territorio subordinado a la minería. Eso implica declarar zonas donde la minería no debe entrar: cabeceras de ríos, zonas de recarga acuífera, áreas protegidas, corredores ecológicos, territorios agrícolas estratégicos, montañas de alta fragilidad ambiental y espacios con vocación turística sostenible. No todo lo que tiene mineral debe explotarse. No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. No todo lo rentable para una empresa es conveniente para una nación.
También es necesario hablar de dinero con más seriedad. No todo lo que se exporta se queda en el país. Exportación no es igual a riqueza nacional retenida. Recaudación fiscal no es igual a desarrollo local. Utilidad empresarial no es igual a bienestar comunitario. Y responsabilidad social no puede ser usada como cortina de humo para justificar daños estructurales. Si el recurso es dominicano, si el agua es dominicana, si la montaña es dominicana, si la comunidad afectada es dominicana y si el riesgo ambiental lo hereda la República Dominicana, entonces el debate no puede reducirse a lo que conviene a una empresa ni a lo que luce bien en una nota de prensa. La patria no puede ser socia minoritaria del daño.
Por eso, si la minería va a existir, debe cumplir condiciones mínimas nacionales: no debe autorizarse en cabeceras de ríos, zonas de recarga acuífera, áreas protegidas, territorios agrícolas estratégicos, corredores ecológicos ni zonas con vocación turística sostenible. Debe someterse a una evaluación ambiental independiente y vinculante que analice agua, suelo, biodiversidad, salud comunitaria, relaves, impactos acumulados, riesgos climáticos, alternativas de localización y escenarios de cierre. También debe garantizar consulta pública real con comunidades, gobiernos locales, consejos económicos y sociales, agricultores, juntas de vecinos, universidades, gremios profesionales y organizaciones comunitarias antes de la autorización, no después de que la decisión esté tomada.
Asimismo, ningún proyecto minero debe aprobarse sin verificar su compatibilidad con los planes de ordenamiento territorial, la vocación del suelo, las cuencas, la agricultura, el turismo y la planificación municipal. Todo proyecto debe demostrar que no compromete fuentes de agua presentes ni futuras, y si hay duda razonable sobre la seguridad hídrica, debe prevalecer el principio de precaución. Deben publicarse contratos, regalías, exenciones, beneficios fiscales, obligaciones ambientales, sanciones, garantías económicas, aportes municipales y reportes de cumplimiento. La empresa debe depositar, antes de operar, fondos suficientes para cierre, restauración, remediación, monitoreo y emergencias, porque el Estado y las comunidades no pueden quedar pagando daños privados con recursos públicos.
Si un territorio soporta impactos, debe recibir beneficios claros, medibles y fiscalizados: agua, salud, educación, caminos, empleo local, capacitación técnica, inversión comunitaria y fortalecimiento municipal. Los datos de calidad del agua, aire, suelo, biodiversidad, relaves y cumplimiento ambiental deben estar disponibles en línea, con auditorías independientes y participación comunitaria. Ninguna mina debe iniciar operaciones sin saber cómo cerrará, cuánto costará restaurar el área, quién pagará y qué garantías quedan depositadas. Y si una empresa no puede cumplir eso, entonces no debe operar.
Porque una montaña destruida no se reconstruye con un informe. Un río contaminado no se limpia con una promesa. Una comunidad dividida no se repara con una donación. Un bosque perdido no se recupera con una campaña publicitaria. Un acuífero afectado no se restaura con discursos de sostenibilidad.
El país tiene que madurar su conversación sobre desarrollo. Durante demasiado tiempo se ha confundido inversión con progreso, pero no toda inversión desarrolla. Hay inversiones que ordenan y otras que desordenan; hay inversiones que crean futuro y otras que compran el presente con la factura de las próximas generaciones; hay inversiones que fortalecen el territorio y otras que lo convierten en un simple punto de extracción. La República Dominicana no puede seguir celebrando cifras sin preguntarse qué territorio queda detrás de esas cifras. No puede seguir midiendo la riqueza solamente por lo que entra al fisco, si al mismo tiempo se debilita lo que sostiene la vida.
Tampoco puede seguir mirando el turismo de montaña como una posibilidad secundaria mientras entrega territorios con alto valor ecológico, agrícola y paisajístico a modelos extractivos de corto plazo. No puede seguir hablando de sostenibilidad como adorno institucional mientras las comunidades sienten que las decisiones se toman lejos de sus ríos, de sus caminos, de sus cultivos y de sus montañas. La verdadera modernidad no consiste en extraer más; consiste en decidir mejor.
Y decidir mejor significa tener una contabilidad completa del territorio. Una contabilidad que no solo pregunte cuánto produce una mina, sino cuánto produce el agua que esa montaña protege; cuánto produce la agricultura que depende de esa cuenca; cuánto puede producir el turismo sostenible si se invierte correctamente; cuánto puede aportar la manufactura si transforma productos locales; cuánto mueve el comercio exterior; cuánto vale la biodiversidad; cuánto vale la salud de la gente; cuánto vale evitar un desastre ambiental; y cuánto vale que una comunidad no tenga que abandonar su forma de vida. Esa es la contabilidad que todavía falta: la contabilidad del futuro.
La mina que no debemos destruir es el territorio dominicano vivo. Esa mina produce agua, alimentos, turismo, cultura, identidad, aire, sombra, belleza, estabilidad climática, arraigo y vida. No aparece completa en una tabla fiscal. No siempre cotiza en los mercados internacionales. No se embarca en contenedores. No se mide solamente en onzas, toneladas o regalías. Pero cuando se pierde, ningún ingreso la reemplaza por completo.
El oro puede llenar cuentas, pero el agua sostiene pueblos. El mineral se agota, pero la montaña protegida produce futuro. La maquinaria puede abrir la tierra en meses, pero un bosque tarda décadas en levantarse. Un contrato puede firmarse en una oficina, pero el daño ambiental lo heredan comunidades enteras.
Por eso este artículo no es un llamado a cerrar los ojos frente a la minería, sino a abrirlos frente al país completo. La minería puede ser parte del desarrollo, pero jamás puede ser el modelo que sacrifique el agua, la agricultura, el turismo sostenible, la industria local y las comunidades. Si la minería es necesaria, que sea la minería más vigilada, más transparente, más limitada, más responsable y más subordinada al interés nacional.
Que se explote solo donde se pueda demostrar que no se destruye lo esencial; que se cobre lo justo; que se publique todo; que se consulte de verdad; que se cierre bien; que se repare sin excusas; que se respete el territorio; y que el Estado no actúe como promotor ciego de la extracción, sino como guardián firme de la nación. Porque gobernar no es entregar recursos. Gobernar es proteger el futuro.
La República Dominicana debe decidir si quiere seguir vendiendo partes de su subsuelo mientras subestima la riqueza que respira sobre la tierra, o si quiere construir una economía nueva donde el agua, la montaña, la agricultura, el turismo sostenible, la manufactura, el comercio y la vida comunitaria sean colocados en el centro del desarrollo nacional.
Esa es la gran decisión: no entre minería y pobreza, no entre conservación y atraso, no entre inversión y romanticismo ambiental. La verdadera decisión es entre un país que extrae sin pensar y un país que planifica para permanecer.
La mina que no debemos destruir no es una metáfora bonita. Es una advertencia nacional. Está en nuestras montañas, en nuestros ríos, en nuestros bosques, en nuestros campos, en nuestras comunidades, en el turismo que todavía no hemos desarrollado con toda su fuerza, en la agricultura que todavía depende del agua limpia, en la industria que puede transformar más productos dominicanos, en el comercio que mueve al país, en los municipios que deben ser escuchados y respetados, en los niños que tienen derecho a heredar un país habitable y en la obligación moral de esta generación de no gastar en pocos años lo que la naturaleza tardó siglos en construir.
La República Dominicana puede tener minería. Pero la minería no puede tener a la República Dominicana.
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