La basura desaparece de una calle cuando pasa el camión recolector, pero el problema no desaparece con ella. Simplemente cambia de lugar. Parece una diferencia sencilla, pero precisamente ahí comienza la distancia entre prestar un servicio de recolección y contar con una verdadera política de gestión integral de residuos sólidos.
La Romana representa un buen escenario para discutir esa diferencia. No porque sea el único municipio dominicano que enfrenta el desafío de los residuos, sino porque su dinámica urbana, económica, comercial y territorial obliga a pensar el servicio más allá de la recogida. Un municipio puede disponer de personal, rutas y equipos y, aun así, mantener importantes brechas si desconoce con precisión qué cantidad de residuos genera, cuál es su composición, qué porcentaje puede valorizarse, cuánto cuesta manejar cada tonelada o cuáles son las condiciones técnicas y ambientales de su disposición final.
La pregunta que debería preocuparnos, por tanto, no es solamente si el camión pasó hoy. La pregunta institucionalmente correcta es otra: ¿qué ocurre con el residuo antes y después de que pasa el camión?
La legislación dominicana coloca este tema directamente dentro de las responsabilidades municipales. La Ley núm. 176-07 reconoce entre las competencias propias de los ayuntamientos la limpieza pública, la recolección, el tratamiento y la disposición final de residuos sólidos. A ello se suma la Ley núm. 225-20, posteriormente modificada por la Ley núm. 98-25, que establece el marco sectorial de la gestión integral de residuos y atribuye responsabilidades relacionadas con planificación, recolección selectiva y prestación eficiente de estos servicios. Viabilidad institucional
Eso significa que la solución no puede reducirse a comprar más camiones cada vez que aumentan las quejas. Un sistema moderno debe comenzar por la información.
¿Cuántas toneladas se generan diariamente? ¿Cuánto corresponde a residuos orgánicos? ¿Cuánto papel, cartón, plástico, vidrio o metal podría recuperarse? ¿Cuáles sectores presentan mayores incidencias? ¿Cuánto cuesta cada ruta? ¿Cuánto combustible consume? ¿Qué grandes generadores producen cantidades significativas? ¿Existen gestores autorizados capaces de recibir determinados materiales? ¿Cuánto residuo termina finalmente en disposición y bajo qué condiciones?
Mientras esas preguntas no puedan responderse mediante datos verificables, el ayuntamiento administra una operación, pero todavía tiene dificultades para administrar integralmente el sistema.
Y aquí aparece una cuestión fundamental: la basura no es una sola cosa. Dentro de aquello que colocamos en una funda conviven materiales con comportamientos y posibilidades completamente diferentes. Parte puede reutilizarse, otra puede reciclarse, una proporción importante de los residuos orgánicos podría valorizarse mediante alternativas adecuadas y solamente una fracción debería terminar como rechazo en disposición final.
Cuando todo termina en el mismo camión y posteriormente en el mismo destino, el municipio no solamente transporta residuos: también transporta oportunidades perdidas.
De ahí que la discusión sobre economía circular no sea una moda ambiental importada. Puede convertirse en una herramienta de eficiencia municipal. Cada tonelada que se evita, recupera o aprovecha representa una tonelada menos que debe ser recogida, transportada y finalmente dispuesta. Naturalmente, esto requiere mercados, gestores, educación, infraestructura y organización; no basta con colocar recipientes de distintos colores y esperar resultados.
También obliga a mirar con atención la disposición final. Este suele ser el punto donde termina la conversación pública, pero debería ser donde comienza una parte importante del control técnico. La situación jurídica del terreno, permisos ambientales, capacidad disponible, control de acceso, existencia de pesaje, manejo de lixiviados, cobertura, riesgos y responsabilidades entre las instituciones que utilizan una misma infraestructura no son detalles administrativos. Constituyen elementos esenciales del debido proceso ambiental.
Precisamente por eso, cualquier proyecto de fortalecimiento de la gestión de residuos en La Romana debería verificar previamente la existencia y vigencia del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos, las ordenanzas aplicables, las necesidades reales de infraestructura y equipamiento, las autorizaciones ambientales correspondientes y la asignación clara de responsabilidades para ejecutar y posteriormente sostener las inversiones. Esas condiciones aparecen expresamente entre los elementos de viabilidad institucional que deben revisarse antes de considerar madura una intervención. Viabilidad institucional
Aquí la cooperación internacional puede adquirir un papel particularmente interesante, pero también debe comprenderse correctamente.
Cooperación no significa simplemente localizar un organismo extranjero y solicitarle dinero. Un municipio que pretenda movilizar cooperación seriamente debería llegar a la mesa con una necesidad documentada, competencia claramente identificada, línea base, objetivos, beneficiarios, contrapartidas, indicadores, responsabilidades y capacidad para demostrar posteriormente qué cambió gracias al proyecto.
La cooperación puede aportar asistencia técnica, transferencia de conocimientos, capacitación, herramientas digitales, estudios de prefactibilidad, intercambio con otros gobiernos locales, innovación, fortalecimiento institucional y, dependiendo del mecanismo correspondiente, recursos financieros. El análisis institucional elaborado para La Romana precisamente reconoce esas posibilidades como instrumentos para complementar las capacidades municipales, no para reemplazarlas. Viabilidad institucional
Ese matiz resulta fundamental. Un cooperante puede ayudar a construir capacidades; no debería convertirse en sustituto permanente de la responsabilidad municipal.
La iniciativa que conceptualmente podría denominarse “La Romana Circular” debería partir entonces de una lógica distinta: primero conocer, después intervenir.
Una primera etapa tendría que establecer una línea base confiable sobre generación, composición y costos. A partir de ahí sería posible fortalecer el control de rutas y la trazabilidad operativa, identificar grandes generadores, desarrollar pilotos de separación en origen, organizar esquemas de valorización, estudiar alternativas para la fracción orgánica, fortalecer la educación ambiental y determinar técnicamente las mejoras necesarias en la disposición final.
No se trata de prometer basura cero de un día para otro. Se trata de construir un sistema capaz de demostrar avances.
Ese sistema debería medir cuánto se recoge, pero también cuánto se evita. Cuánto llega a disposición final, pero también cuánto se recupera. Cuántas rutas operan, pero también cuánto cuesta cada una. Cuántas campañas educativas se realizan, pero también si produjeron cambios de comportamiento.
Los indicadores convierten las buenas intenciones en gestión pública.
La participación ciudadana tampoco puede reducirse a pedirle a la gente que “no tire basura”. Los ciudadanos, juntas de vecinos, centros educativos, comercios, hoteles, industrias, recicladores y grandes generadores deben formar parte de un modelo de responsabilidades diferenciadas. Si el problema se genera en todo el territorio, la respuesta tampoco puede descansar exclusivamente sobre el ayuntamiento.
De la misma forma, la solución requiere articulación con las instituciones nacionales correspondientes. Medio Ambiente tiene responsabilidades regulatorias y técnicas; MIREX interviene cuando entran en juego relaciones internacionales; el sistema nacional de cooperación y las entidades municipalistas pueden contribuir en articulación y fortalecimiento de capacidades. El reto está en coordinar sin duplicar funciones y sin trasladar responsabilidades propias de una institución hacia otra. Viabilidad institucional
Incluso cuando la cooperación produzca posteriormente adquisiciones, consultorías, obras o contrataciones, el debido proceso continúa. Transparencia, control financiero, supervisión técnica, indicadores y rendición de cuentas no son elementos posteriores al proyecto: deben diseñarse desde su origen. El análisis institucional de La Romana también plantea expresamente la necesidad de observar la normativa de contratación pública aplicable y establecer mecanismos verificables de ejecución y participación ciudadana. Viabilidad institucional
Por eso, el debate sobre residuos sólidos termina siendo mucho más profundo que una discusión sobre basura.
Es una discusión sobre capacidad institucional.
Un ayuntamiento demuestra madurez no únicamente cuando recoge los residuos a tiempo, sino cuando sabe qué está recogiendo, cuánto le cuesta, qué riesgos administra, qué puede recuperar, qué inversiones necesita, cómo mide sus resultados y cómo garantiza continuidad más allá de una gestión política determinada.
La Romana puede convertir esta necesidad en una oportunidad. Puede utilizar la gestión integral de residuos como puerta de entrada para modernizar información, planificación, control, participación ciudadana, economía circular y cooperación internacional.
Pero el orden importa.
Primero diagnóstico. Después planificación. Luego articulación institucional. Posteriormente formulación, cooperación, inversión, ejecución y seguimiento.
Ese orden es precisamente lo que separa una buena intención de una política pública sostenible.
Porque al final la cuestión no es solamente quién recoge la basura.
La verdadera pregunta es quién garantiza que todo el sistema funcione, pueda demostrarse y permanezca funcionando cuando cambien las autoridades, los proyectos o las fuentes de financiamiento.
Ahí comienza el verdadero debido proceso municipal.
Fuentes de referencia: Ley núm. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios; Ley núm. 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y sus modificaciones; Estrategia Nacional de Desarrollo 2030; Agenda 2030 y ODS 11, 12 y 17; análisis técnico e institucional desarrollado sobre la gestión integral de residuos sólidos del municipio de La Romana. Viabilidad institucional
Darlin Tiburcio
El Debido Proceso RD
Justicia, Transparencia, País