Hay territorios que no pueden seguir siendo vistos solamente como lugares hermosos, turísticos o productivos. Hay territorios que, por su valor ambiental, hídrico, agrícola, cultural y estratégico, deben ser reconocidos formalmente por el Estado como espacios de interés nacional. Ese es precisamente el sentido del Proyecto de Ley que declara la Región de las Altas Cumbres como Zona Estratégica de Desarrollo Sostenible y Resiliencia Territorial de la República Dominicana, una iniciativa sometida por la diputada Gabriela María Abreu Santos, representante de la provincia La Vega, con una construcción técnica orientada a armonizar desarrollo, resiliencia territorial, protección ambiental, inversión pública y planificación municipal.
La importancia de esta propuesta adquiere mayor fuerza porque no se trata de una idea aislada ni de una simple aspiración territorial. El proyecto fue formalmente depositado en la Cámara de Diputados el 30 de octubre de 2025, bajo el número de iniciativa 05007-2024-2028-CD, teniendo como proponente a la diputada Gabriela María Abreu Santos. Posteriormente, fue incluido en el Orden del Día de la Sesión No. 19, Ordinaria, del 12 de noviembre de 2025, quedando sobre la mesa en dicha sesión. Ese mismo día fue colocado nuevamente en el Orden del Día de la Sesión No. 20, Extraordinaria, donde fue tomado en consideración y enviado a la Comisión Permanente de Presidencia de la República para su estudio. Este recorrido legislativo demuestra que la iniciativa ya superó una etapa importante dentro del proceso congresual y que ahora corresponde profundizar su análisis, fortalecer su contenido técnico y construir los consensos necesarios para su aprobación.
Ese paso no debe verse como un simple trámite legislativo. Que una iniciativa de esta naturaleza haya sido tomada en consideración y remitida formalmente a comisión representa una señal institucional de que el tema comienza a ocupar el espacio que merece dentro de la discusión pública nacional. Cuando un proyecto llega a una comisión permanente, se abre la posibilidad de revisarlo, enriquecerlo, escuchar a los actores del territorio, corregir lo que deba ser corregido y construir un instrumento legal más sólido, viable y útil para el país.
Este proyecto no nace para competir con las leyes existentes, ni para desconocer competencias ambientales, municipales, turísticas o territoriales. Todo lo contrario: nace para armonizar, organizar y dar sentido práctico a normas que ya reconocen la importancia del desarrollo sostenible, la planificación territorial, la protección ambiental, la inversión pública, la participación ciudadana y el rol de los gobiernos locales. Su valor está en que toma una realidad territorial concreta —las montañas, cuencas, comunidades productivas y zonas ecoturísticas de las Altas Cumbres— y propone un marco jurídico especial para que esa región pueda ser planificada, protegida y desarrollada con visión de Estado.
La Región de las Altas Cumbres no es un territorio cualquiera. En ella se concentran fuentes de agua, zonas productivas, áreas protegidas, comunidades rurales, paisajes de alto valor turístico, ecosistemas de montaña y una identidad territorial profundamente vinculada a la vida nacional. Constanza, Jarabacoa, Tireo, La Sabina, Manabao y Buena Vista no representan únicamente destinos de clima agradable o belleza natural. Representan una reserva estratégica para la seguridad hídrica, la seguridad alimentaria, la adaptación climática, el turismo sostenible y el equilibrio ambiental de la República Dominicana.
Por eso, la propuesta legislativa resulta necesaria. Durante décadas, el país ha hablado de conservación ambiental, desarrollo turístico, producción agrícola, ordenamiento territorial y cambio climático, pero muchas veces esos temas se han tratado de manera separada. El problema es que en las montañas nada funciona de forma aislada. La agricultura afecta el suelo; el suelo incide en el agua; el agua sostiene presas, acueductos y sistemas de riego; el turismo depende del paisaje; la infraestructura vial condiciona la economía local; y la falta de planificación puede convertir una zona estratégica en un territorio vulnerable.
Este proyecto tiene el mérito de comprender esa conexión. No trata la montaña como un simple espacio de contemplación, sino como un sistema territorial vivo que necesita reglas claras, inversión responsable, participación comunitaria, coordinación institucional y visión de futuro. Por eso propone instrumentos concretos como un Plan Especial de Desarrollo y Resiliencia Territorial, un Comité Interinstitucional de Coordinación, el reconocimiento de la Mancomunidad de las Altas Cumbres, la formulación o actualización de los Planes de Ordenamiento Territorial, la creación de un Observatorio Territorial, mecanismos de transparencia, veeduría social, financiamiento y articulación con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
Ese enfoque es relevante porque no se limita a una declaración simbólica. Muchas leyes declaran, reconocen o exaltan, pero no siempre crean mecanismos para ejecutar. En este caso, la propuesta intenta pasar del discurso a la estructura institucional. Habla de planificación, presupuesto, coordinación, seguimiento, rendición de cuentas y responsabilidad pública. Eso es fundamental, porque una región estratégica no se protege solamente con buenas intenciones; se protege con instrumentos legales, técnicos, financieros y administrativos.
Uno de los puntos más importantes del proyecto es que reconoce la necesidad de armonizar la protección ambiental con el desarrollo territorial sostenible. Esto debe ser entendido con responsabilidad. La iniciativa no propone abrir las montañas a la urbanización descontrolada ni permitir la destrucción de ecosistemas sensibles. De manera expresa, plantea que no se permitirá la urbanización indiscriminada ni la alteración de los ecosistemas de altura, pero sí se promoverán infraestructuras ecológicas y de bajo impacto que fortalezcan la conservación de los recursos naturales y la educación ambiental del territorio.
Ahí está una de sus mayores fortalezas: no plantea una falsa contradicción entre conservación y desarrollo. El país necesita conservar sus montañas, pero también necesita ordenar las actividades humanas que ya existen en ellas. Necesita proteger las fuentes hídricas, pero también acompañar a las comunidades que viven, producen, trabajan y sostienen la economía local. Necesita limitar los daños ambientales, pero también ofrecer alternativas viables, reguladas y sostenibles. La prohibición sin planificación puede generar abandono, informalidad y conflictos. La planificación con reglas claras puede generar conservación, inversión responsable y desarrollo equilibrado.
En ese sentido, el proyecto toca un tema que pocos han tratado con la profundidad necesaria: la protección estratégica de los territorios de montaña como asunto de seguridad hídrica, alimentaria, climática, territorial y económica. La República Dominicana habla mucho de desarrollo, pero no siempre reconoce que una parte importante de ese desarrollo depende de la salud de sus cuencas, bosques, suelos, caminos rurales, comunidades productivas y áreas de recarga hídrica. Si las montañas se degradan, el impacto no se queda arriba: baja hacia las ciudades, los acueductos, las presas, la agricultura, la energía, el turismo y la economía nacional.
Por eso, que el proyecto haya sido tomado en consideración y remitido a la Comisión Permanente de Presidencia de la República representa una oportunidad histórica. Es el momento de que el Congreso Nacional abra una discusión seria sobre el futuro de las Altas Cumbres. No se trata solo de aprobar una ley por entusiasmo regional. Se trata de estudiar una propuesta que puede convertirse en un modelo nacional de planificación para territorios de montaña, con capacidad de integrar conservación ambiental, desarrollo económico local, inversión pública, participación comunitaria y resiliencia climática.
El envío de esta iniciativa a la Comisión Permanente de Presidencia de la República debe ser asumido como una oportunidad institucional. Allí el proyecto puede ser revisado con mayor profundidad, escuchando a los gobiernos locales, sectores productivos, comunidades, técnicos ambientales, instituciones de planificación, representantes turísticos, agricultores, organizaciones sociales y actores legislativos. La comisión tiene en sus manos la posibilidad de convertir esta propuesta en una ley robusta, equilibrada y aplicable, capaz de responder a una realidad territorial que por años ha requerido atención diferenciada.
También es importante destacar que este proyecto no interfiere con la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, ni con la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, ni con la Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, ni con la Ley 498-06 de Planificación e Inversión Pública. Al contrario, las toma como base de armonización. El propio proyecto plantea su aplicación en concordancia con esas normas y dispone la articulación de acciones, programas y proyectos con el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, procurando coherencia entre planificación territorial, ordenamiento ambiental y asignación presupuestaria.
Eso es jurídicamente importante. Un buen proyecto de ley no debe crear confusión institucional ni duplicar funciones innecesarias. Debe ordenar, complementar y hacer operativas las políticas públicas. En este caso, la propuesta busca articular al Estado central, los gobiernos locales, la Mancomunidad, los ministerios competentes, las comunidades, las universidades, las organizaciones ambientales y los actores productivos. Esa coordinación es indispensable para una región donde las decisiones de un municipio pueden impactar cuencas, carreteras, áreas protegidas, producción agrícola y dinámicas turísticas de otros territorios.
La creación de un Plan Especial de Desarrollo y Resiliencia Territorial es otro elemento clave. No basta con decir que las Altas Cumbres son importantes. Hay que definir qué se va a hacer, dónde se puede hacer, cómo se va a financiar, quién será responsable, bajo qué indicadores se medirá y qué mecanismos de control se aplicarán. El proyecto contempla ejes como ordenamiento territorial zonificado, gestión de riesgos, producción agropecuaria sostenible, conservación de fuentes hídricas y bosques, infraestructura vial, sanitaria y educativa, turismo ecológico y cultural, gobernanza local, participación comunitaria, consultas públicas e indicadores de evaluación y sostenibilidad.
Esto convierte la propuesta en una herramienta de planificación realista. La región necesita inversión, pero no cualquier inversión. Necesita carreteras adecuadas, soluciones sanitarias, manejo de residuos, protección de ríos, infraestructura turística responsable, apoyo a la agricultura sostenible, educación ambiental, fortalecimiento institucional y mecanismos de prevención frente a deslizamientos, inundaciones, erosión de cuencas y otros riesgos propios de los territorios de montaña. El propio proyecto contempla acciones conjuntas de prevención, mitigación y respuesta ante eventos hidrometeorológicos, articuladas con los Planes Municipales de Desarrollo, los Planes de Ordenamiento Territorial y las estrategias de adaptación al cambio climático.
La idea de un Fondo Regional de Inversión y Sostenibilidad también merece atención. Una ley sin financiamiento corre el riesgo de quedarse en el papel. Por eso, la posibilidad de canalizar recursos del Presupuesto General del Estado, cooperación internacional, sector privado y sociedad civil hacia proyectos priorizados puede convertirse en una vía efectiva para que las Altas Cumbres no dependan solamente de promesas aisladas o gestiones coyunturales. Ese fondo, sin embargo, debe ser administrado con transparencia, control ciudadano, auditoría independiente y rendición de cuentas, porque una región estratégica no puede convertirse en excusa para improvisaciones ni para inversiones sin criterios técnicos.
También resulta acertado que la iniciativa reconozca la necesidad de formular o actualizar los Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios y distritos municipales involucrados. La planificación territorial no puede seguir siendo una aspiración lejana. En territorios como Constanza, Jarabacoa, Tireo, La Sabina, Manabao y Buena Vista, el uso del suelo debe ser organizado con criterios técnicos. No puede haber desarrollo sostenible si no se define con claridad qué zonas deben protegerse, cuáles pueden destinarse a producción, cuáles tienen potencial turístico, cuáles presentan riesgos, cuáles requieren infraestructura y cuáles deben mantenerse bajo protección estricta.
La declaratoria de Constanza como municipio agroturístico, Jarabacoa como municipio ecoturístico y Tireo como municipio ecoturístico también tiene un valor simbólico y estratégico. Reconoce vocaciones territoriales diferenciadas, pero complementarias. Constanza no es solamente agricultura; es paisaje, clima, turismo, cultura productiva y agua. Jarabacoa no es solamente turismo; es cuenca, biodiversidad, deporte de montaña, servicios ambientales y economía local. Tireo no es solamente producción; es un territorio con potencial ecológico, paisajístico y comunitario que merece ser incorporado a una visión regional.
Desde una visión realista, el proyecto todavía puede ser fortalecido durante el estudio en comisión. Todo proyecto serio debe pasar por revisión técnica, depuración legislativa, mejora de redacción, precisión institucional y armonización normativa. Incluso las observaciones técnicas realizadas al documento permiten ampliar la mirada hacia otros municipios y distritos vinculados a la Cordillera Central, incorporar ríos, parques nacionales, reservas científicas y distritos ecoturísticos adicionales, lo que demuestra que la iniciativa puede seguir madurando y enriqueciéndose sin perder su esencia.
Pero lo esencial ya está planteado: la Región de las Altas Cumbres necesita una ley especial que la reconozca como zona estratégica de desarrollo sostenible y resiliencia territorial. No para crear privilegios injustificados, sino para atender una realidad nacional. Proteger las Altas Cumbres es proteger el agua. Ordenar las Altas Cumbres es ordenar una parte vital de la Cordillera Central. Invertir en las Altas Cumbres es invertir en seguridad alimentaria, turismo sostenible, adaptación climática y desarrollo local. Fortalecer las Altas Cumbres es fortalecer la República Dominicana.
Este proyecto también envía un mensaje importante a los gobiernos locales: los municipios no son simples receptores de decisiones nacionales. Son actores fundamentales de la planificación territorial. La Ley 176-07 reconoce la autonomía municipal y la responsabilidad de los ayuntamientos en el desarrollo de sus territorios. La Ley 368-22 refuerza la necesidad de ordenar el uso del suelo. Por tanto, una iniciativa como esta debe servir para que los gobiernos locales asuman un papel más activo, técnico y coordinado en la defensa de sus recursos, en la regulación del crecimiento y en la promoción de proyectos sostenibles.
La Región de las Altas Cumbres no puede seguir dependiendo de intervenciones aisladas. Necesita una política pública permanente. Necesita que sus problemas sean entendidos en conjunto. Necesita que sus carreteras, ríos, montañas, agricultores, jóvenes, emprendedores, comunidades rurales y gobiernos locales sean vistos como parte de un mismo sistema. Ese es el espíritu de este proyecto: convertir una región históricamente valiosa en una prioridad formal del Estado dominicano.
Por eso, el llamado debe ser claro y firme. Los diputados y senadores de la República tienen ante sí la oportunidad de estudiar, fortalecer y aprobar una iniciativa que puede marcar un antes y un después en la forma en que el país mira sus territorios de montaña. La Comisión Permanente de Presidencia de la República, que recibió formalmente la iniciativa en la Sesión No. 20, Extraordinaria, del 12 de noviembre de 2025, tiene la oportunidad de enriquecer el texto, escuchar a los actores locales, valorar las observaciones técnicas y devolver al pleno una propuesta más robusta, coherente y viable. El Poder Ejecutivo, por su parte, tiene la oportunidad de respaldar una política territorial que no solo protege el ambiente, sino que impulsa desarrollo ordenado, inversión responsable y resiliencia frente al cambio climático.
Las Altas Cumbres no son únicamente un paisaje. Son agua, alimento, clima, biodiversidad, turismo, cultura, trabajo y futuro. Aprobar este proyecto sería reconocer que la montaña también sostiene la nación. Sería entender que el desarrollo dominicano no puede construirse de espaldas a sus cuencas, a sus comunidades rurales ni a sus territorios estratégicos. Sería, sobre todo, una señal de madurez institucional: conservar con inteligencia, desarrollar con responsabilidad y planificar con visión de país.
La República Dominicana necesita mirar hacia sus cumbres no solo con admiración, sino con compromiso. Y ese compromiso debe traducirse en ley, presupuesto, planificación, coordinación y acción.
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