Hay profesiones cuya importancia la sociedad reconoce todos los días y otras que parecen hacerse visibles solamente cuando ocurre una tragedia. En la República Dominicana, el bombero forestal pertenece todavía, en buena medida, a este segundo grupo.
Cuando una montaña comienza a arder aparecen las imágenes: hombres y mujeres caminando durante horas por terrenos escarpados, cargando mochilas, palas, picos, machetes, sopladores y herramientas forestales; brigadas trasladadas desde provincias distantes; guardaparques, comunitarios y militares incorporándose al combate; helicópteros de la Fuerza Aérea llevando personal, suministros o descargando agua. Cuando finalmente desaparece el humo, desaparecen también de la conversación pública quienes estuvieron frente al fuego.
Sin embargo, su trabajo no consiste simplemente en apagar árboles. Un bombero forestal protege agua, biodiversidad, producción agrícola, suelos, infraestructura, comunidades, generación eléctrica y, en definitiva, vidas humanas.
EL FUEGO FORESTAL ES UN PROBLEMA DE SEGURIDAD NACIONAL
Esta discusión adquiere una relevancia extraordinaria precisamente ahora. El 2 de septiembre de 2026, mediante el Decreto núm. 615-26, el Poder Ejecutivo declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica la prevención, detección, investigación y combate de conductas graves contra los recursos naturales y ecosistemas estratégicos. La norma otorga especial protección a áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias, presas, embalses, manglares, humedales y nacimientos de ríos, e instruye una política nacional orientada, entre otros fines, a neutralizar incendios forestales provocados y amenazas a la infraestructura hídrica y energética.
Ese marco refuerza una conclusión inevitable: si el Estado reconoce como estratégicos los ecosistemas que sostienen el agua, los bosques y servicios esenciales, la capacidad para prevenir y combatir incendios forestales también debe ser concebida como una capacidad estratégica de protección nacional.
El Informe GEO-RD 2024, preparado por el Ministerio de Medio Ambiente con asistencia del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, establece que entre 2011 y 2024 ocurrieron 4,110 incendios forestales que afectaron 110,738 hectáreas de bosques. Entre las áreas protegidas recurrentemente afectadas aparecen José del Carmen Ramírez, Juan Bautista Pérez Rancier -Valle Nuevo-, Sierra de Bahoruco, Armando Bermúdez, Los Haitises, Sierra de Neiba y Sierra Martín García.
La recurrencia confirma que no se trata de una amenaza ocasional. En 2023 el Ministerio reportó 854 incendios forestales y aproximadamente 24,116 hectáreas afectadas; en 2024 se registraron 415 incendios y 6,198 hectáreas afectadas; y en 2025 se contabilizaron 598 incendios, con una reducción significativa de la superficie promedio impactada.
CUANDO SE QUEMA UNA MONTAÑA, NO SOLAMENTE SE PIERDEN ÁRBOLES
A diciembre de 2024, la República Dominicana contaba con 132 áreas protegidas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), con una superficie terrestre aproximada de 12,338.1 km², equivalente al 25.6 % del territorio nacional. A esto se suma un dato todavía más relevante: el SINAP protege aproximadamente el 85 % de los nacimientos de ríos y cuencas altas del país.
La dimensión hídrica puede apreciarse en la Reserva de Biosfera Madre de las Aguas. Sus siete cuencas hidrográficas están vinculadas, según Medio Ambiente, con aproximadamente el 98 % de la generación hidroeléctrica, el 87 % de las tierras irrigadas y el 52 % de las plantas potabilizadoras del país.
Por eso un incendio en Valle Nuevo, Armando Bermúdez, José del Carmen Ramírez o cualquier ecosistema estratégico no debería medirse exclusivamente en tareas o hectáreas quemadas. Puede estar afectándose la fábrica natural del agua que después utilizarán una ciudad, una presa, una planta potabilizadora o miles de productores agrícolas.
El bombero forestal, por tanto, no protege solamente el patrimonio ambiental. Es un agente de protección hídrica, agrícola, económica y territorial.
¿SON SUFICIENTES ALREDEDOR DE 300 BOMBEROS FORESTALES?
Una publicación oficial del Ministerio situó en 325 el número de bomberos forestales distribuidos nacionalmente. Posteriormente, la Memoria Institucional 2024 informó que los 415 incendios de aquel año fueron atendidos gracias al trabajo de casi 300 bomberos forestales, apoyados además por brigadas de reforestación, soldados del Ejército, bomberos estructurales y voluntarios comunitarios. En 2025 las comunicaciones oficiales continuaron situando la fuerza alrededor de los 300 integrantes.
No sería técnicamente responsable afirmar, sin un estudio nacional de dotación, que el número correcto debe ser exactamente 1,000, 1,500 o 2,000. Pero sí es completamente legítimo preguntarnos si un país con cientos de incendios anuales, grandes sistemas montañosos, 132 áreas protegidas, cuencas estratégicas y posibilidad de emergencias simultáneas puede depender de un cuerpo nacional que durante los últimos años ha rondado apenas los 300 integrantes.
La pregunta encuentra respaldo en el propio diagnóstico gubernamental. El Informe GEO-RD 2024 señala expresamente la necesidad de fortalecer la capacidad de respuesta mediante la formación y aumento de brigadas, equipamiento tecnológico, alerta temprana, educación ambiental y financiamiento. Plantea, además, que las brigadas deben distribuirse en las zonas de mayor incidencia y contar con el número necesario de bomberos y equipos.
Por consiguiente, ampliar el cuerpo de bomberos forestales no es una ocurrencia ajena a la política ambiental dominicana: es una necesidad identificada en un documento técnico oficial del propio Estado.
Lo procedente sería realizar un estudio nacional que determine la cantidad necesaria utilizando criterios de extensión forestal, recurrencia de incendios, simultaneidad de eventos, topografía, accesibilidad, tiempos máximos de respuesta, número mínimo de integrantes por brigada y sistema de turnos. La cifra final debe surgir de evidencia y planificación, no de una estimación arbitraria.
NO ES SOLAMENTE CONTRATAR: ES PROFESIONALIZAR
También hay que reconocer los avances. En 2023 existían denuncias documentadas de bomberos forestales con remuneraciones entre aproximadamente RD$10,000 y RD$15,000 mensuales, una situación difícil de conciliar con el riesgo y especialización de la función.
La Memoria Institucional 2024 posteriormente reportó un incremento salarial de 50 % para bomberos forestales, guardabosques y guardaparques, además de cobertura de 100 % del seguro complementario para los bomberos forestales. En febrero de 2025 el Ministerio anunció que trabajaba en otro incremento salarial cercano al 30 %. Estos avances deben ser reconocidos y, al mismo tiempo, verificados en la nómina vigente para conocer la remuneración efectiva actual.
El siguiente paso debería ser estructural: crear una verdadera carrera del bombero forestal, con escalafón, requisitos físicos y técnicos de ingreso, formación continua, certificaciones, evaluación periódica, remuneración vinculada al riesgo, seguro adecuado, vigilancia de salud ocupacional, compensaciones por operaciones prolongadas y mecanismos dignos de retiro.
No basta con llamar héroe a una persona cuando se incendia una montaña. El reconocimiento institucional verdadero se demuestra en su nómina, su seguro, su entrenamiento, sus botas, su casco, sus comunicaciones y las herramientas con las que entra al fuego.
DEL PICO Y LA PALA A UNA RESPUESTA DEL SIGLO XXI
Sería injusto afirmar que el Estado dominicano no ha realizado inversiones. En 2025 Medio Ambiente informó una inversión cercana a RD$300 millones en herramientas, vehículos, equipamiento y acciones asociadas al manejo del fuego, técnicos forestales, fiscalización y prevención. Fueron anunciadas 50 camionetas 4×4, 58 motocicletas, maquinaria pesada, motobombas, sopladores, motosierras, uniformes y otros recursos.
El Presupuesto General del Estado 2026 contiene además RD$288.7 millones dentro del producto denominado ‘bosques forestales con protección contra incendios, tala y enfermedades y plagas forestales’, de los cuales aproximadamente RD$221.7 millones corresponden a remuneraciones y contribuciones. Ese monto no debe confundirse con un presupuesto exclusivo para bomberos forestales, porque comprende otras funciones de protección forestal, pero demuestra que existe una estructura presupuestaria identificable que puede evaluarse y fortalecerse.
La interrogante, entonces, ya no es simplemente si se han comprado equipos. Es si cada brigada ubicada en una zona de alto riesgo posee permanentemente y en condiciones operativas el equipamiento que necesita: protección personal completa, herramientas especializadas, vehículos 4×4, motocicletas o cuatrimotos donde proceda, comunicaciones, posicionamiento GPS, motobombas, cámaras térmicas, drones, abastecimiento de agua, iluminación, alimentación, hidratación y capacidad logística.
Una adquisición centralizada es importante. La capacidad real se mide en el lugar y en el momento donde comienza el incendio.
REPÚBLICA DOMINICANA NECESITA UNA CAPACIDAD AÉREA FORESTAL PROPIA O GARANTIZADA
La Fuerza Aérea de República Dominicana ha sido indispensable en numerosos incendios. Su Plan Estratégico 2025-2028 registra, entre sus adquisiciones recientes, seis helicópteros UH-1H Huey II. Durante el incendio de Valle Nuevo de marzo de 2023, tres UH-1H/II equipados con Bambi Bucket de hasta 1,300 litros realizaron 23 descargas durante más de nueve horas de operación aérea, contribuyendo significativamente al control del siniestro.
La experiencia internacional demuestra que existen helicópteros de mayor capacidad diseñados para operaciones complejas. El Ka-32A11BC, por ejemplo, posee configuración de rotores coaxiales y capacidad nominal de hasta 5,000 kilogramos de carga externa, además de configuraciones utilizadas para combate de incendios. No obstante, no sería responsable convertir un modelo específico en la única recomendación: existen consideraciones de certificación, mantenimiento, soporte internacional, disponibilidad de repuestos, entrenamiento de tripulaciones y costo de ciclo de vida que obligan a comparar plataformas disponibles y sostenibles operacionalmente.
Lo que sí debería evaluarse seriamente es la incorporación de una capacidad aérea forestal especializada con redundancia operativa -propia, arrendada o contratada bajo disponibilidad garantizada-, que podría comprender dos o más aeronaves medianas o pesadas según determine un estudio técnico de riesgo, topografía, disponibilidad operacional, mantenimiento y costo de ciclo de vida. Un país con relieve montañoso y áreas de difícil acceso necesita una capacidad aérea que no dependa exclusivamente de que una aeronave multipropósito se encuentre disponible cuando surja la emergencia.
La aviación forestal moderna tampoco se limita a lanzar agua. Sirve para reconocimiento, georreferenciación, transporte rápido de brigadistas, abastecimiento, vigilancia térmica, coordinación aérea y evacuación. Y debe quedar claro: un helicóptero no sustituye al bombero forestal. Los medios aéreos reducen intensidad, frenan propagación y compran tiempo; las brigadas terrestres consolidan las líneas de defensa y extinguen definitivamente el incendio. La solución correcta es aire más tierra, tecnología más experiencia humana.
UN BOMBERO FORESTAL NO DEBE EXISTIR SOLAMENTE CUANDO EXISTE FUEGO
Ampliar el cuerpo tampoco significa contratar cientos de personas para esperar el próximo incendio. La prevención forestal es trabajo de todo el año.
Un sistema profesional regionalizado puede utilizar esas brigadas permanentemente en construcción y mantenimiento de cortafuegos, reducción de combustible vegetal, vigilancia, patrullaje, restauración de zonas quemadas, reforestación, mantenimiento de accesos estratégicos, identificación de puntos de agua, levantamientos con GPS y drones, educación comunitaria, capacitación de agricultores, entrenamiento de voluntarios y elaboración de mapas de riesgo.
Eso convierte al bombero forestal en lo que realmente debería ser: un profesional integral del manejo del fuego y de la protección territorial. Las comunidades de montaña también pueden integrarse mediante brigadas voluntarias previamente identificadas, entrenadas y equipadas; pero el voluntariado debe complementar, nunca sustituir, la obligación estable del Estado.
LA LEY YA DIJO QUÉ DEBEMOS HACER
Quizás el elemento más contundente de toda esta discusión está escrito desde 2018. El artículo 43 de la Ley núm. 57-18, Sectorial Forestal, creó el Programa Nacional de Gestión y Manejo del Fuego y le atribuyó prevenir, controlar y extinguir los incendios forestales y mitigar sus impactos.
“Se constituirá un cuerpo activo y permanente de bomberos forestales, debidamente capacitados, entrenados y equipados.” Ley núm. 57-18, Sectorial Forestal, art. 43, párrafo I
Esas palabras ofrecen el parámetro exacto con el que debemos evaluar la política pública: ¿es suficientemente numeroso para mantenerse activo en todo el territorio? ¿Tiene presencia permanente en las regiones de mayor riesgo? ¿Está capacitado? ¿Entrenado? ¿Equipado? ¿Puede responder simultáneamente a varias emergencias sin desproteger otras zonas?
No se trata de buscar culpables ni de desconocer los avances alcanzados. El Gobierno ha informado reducciones importantes en la superficie afectada por los incendios y ha fortalecido equipamiento, detección temprana y capacidad operativa. Precisamente porque existen avances, ha llegado el momento de avanzar hacia el siguiente nivel.
DE POLÍTICA AMBIENTAL A POLÍTICA DE ESTADO
República Dominicana necesita diseñar un Sistema Nacional de Bomberos Forestales y Manejo Integral del Fuego con brigadas regionales permanentes dimensionadas científicamente; carrera profesional; salarios y protección social acordes al riesgo; estándares mínimos obligatorios de equipamiento individual y colectivo; centros regionales de respuesta; drones, cámaras térmicas, cartografía y sistemas de alerta temprana; capacidad aérea especializada; reserva nacional de voluntarios capacitados; protocolos claros de integración con Ejército, Fuerza Aérea, SENPA, COE, Defensa Civil y cuerpos de bomberos municipales; y un presupuesto plurianual que permita mantener la capacidad antes de que aparezca la emergencia.
Las Fuerzas Armadas deben continuar brindando apoyo. Su capacidad logística, aérea y de movilización constituye un activo extraordinario del Estado. Pero el soldado debe ser el refuerzo de una estructura forestal profesional, no el sustituto habitual del especialista.
Existe además una oportunidad histórica. El Estado dominicano acaba de elevar a prioridad estratégica la prevención y el combate de agresiones graves contra activos ambientales estratégicos, incluidos sistemas de áreas protegidas, cuencas hidrográficas prioritarias y nacimientos de ríos. Ahora corresponde llevar ese criterio de protección a su consecuencia operativa: fortalecer de manera proporcional la capacidad nacional para prevenir y responder al fuego forestal.
Porque perseguir a quien incendia deliberadamente un bosque es necesario; tener la capacidad de impedir que ese incendio destruya una montaña entera es igualmente indispensable.
Podemos invertir durante veinte, treinta o cincuenta años en reforestar una cuenca. El fuego puede destruir en horas una parte de ese esfuerzo. Podemos construir presas, canales, acueductos y sistemas de riego, pero todos dependen en algún punto del territorio donde comienza el ciclo del agua.
Es inversión en agua.
Es inversión en agricultura.
Es inversión en biodiversidad.
Es inversión en prevención de desastres.
Es inversión en seguridad nacional.
Y, sobre todo, es inversión en vida.
La República Dominicana no debe esperar a que una montaña esté ardiendo para recordar que existen sus bomberos forestales. El mejor momento para fortalecerlos es cuando todavía no vemos el humo.
FUENTES
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe GEO-RD 2024. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Memoria Institucional 2024. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ley núm. 57-18, Sectorial Forestal. Enlace
- Presidencia de la República. Decreto núm. 615-26 y política de protección estratégica de recursos naturales. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente. Reserva de Biosfera Madre de las Aguas y gobernanza de sus cuencas. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente. Día Internacional del Bombero Forestal y dotación nacional. Enlace
- Presidencia / Ministerio de Medio Ambiente. Iniciativa nacional de prevención de incendios forestales 2025. Enlace
- Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES). Presupuesto General del Estado 2026. Enlace
- Fuerza Aérea de República Dominicana. Plan Estratégico Institucional 2025-2028. Enlace
- European Union Aviation Safety Agency (EASA). Kamov Ka-32A11BC – información de certificación. Enlace
- National Interagency Fire Center (NIFC). Uso de helicópteros en operaciones contra incendios forestales. Enlace
- Listín Diario. Reportaje sobre condiciones salariales de bomberos forestales, 2023. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Memoria Institucional 2023 (estadísticas de incendios forestales). Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Intercambio técnico con Canadá sobre manejo de incendios forestales (598 incendios registrados en 2025). Enlace
- Presidencia de la República / Fuerza Aérea de República Dominicana. Operación aérea contra el incendio de Valle Nuevo, marzo de 2023. Enlace
- Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Protección del SINAP y aporte de las áreas protegidas a nacimientos de ríos y cuencas altas. Enlace
NOTA EDITORIAL
Este artículo combina datos oficiales, legislación vigente, documentos presupuestarios y fuentes periodísticas. Las cifras de áreas protegidas y cobertura territorial se presentan con corte a diciembre de 2024, conforme al Informe GEO-RD 2024. Las cifras de personal y remuneraciones deben interpretarse según el período de cada fuente; cuando no existe una nómina pública consolidada de 2026 que permita afirmar una cifra salarial única y vigente, el texto evita presentarla como hecho definitivo. Las recomendaciones sobre dotación de brigadas y capacidad aérea se formulan como propuestas de política pública sujetas a evaluación técnica, presupuestaria y operacional.
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