En el año 2002, Jorge Cela e Isabel Pedrazuela publicaron Clasificación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la República Dominicana: descripción de sus características, un estudio desarrollado dentro del Programa de Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Más de dos décadas después, su mayor utilidad no consiste en asumir que la República Dominicana permanece exactamente como fue descrita entonces. Veinticuatro años son suficientes para que cambien leyes, instituciones, mecanismos de participación y formas de organización social. Su verdadero valor está en que nos permite recuperar las preguntas que el país se hacía en aquel momento y utilizarlas como una especie de examen para nuestra realidad actual.
El documento analizaba quiénes integraban la sociedad civil, cómo podían clasificarse sus organizaciones, cuáles eran sus características, qué relación mantenían con el Estado y cuáles eran sus principales debilidades institucionales. Reconocía, además, que la sociedad civil dominicana era diversa y que resultaba difícil encerrarla dentro de una definición única. Los autores sostienen que la sociedad civil comprende tanto a la ciudadanía organizada como a la no organizada y que las organizaciones cambian históricamente conforme cambian los intereses y necesidades de las personas.
Ese señalamiento tiene una importancia especial porque obliga a distinguir entre sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil. No son exactamente lo mismo. Una ONG, una asociación comunitaria, una organización empresarial, una universidad o un movimiento ciudadano pueden formar parte de la sociedad civil, pero ninguna de esas estructuras representa por sí sola a la totalidad de los ciudadanos.
Ahí aparece una de las cuestiones más interesantes del estudio. Cela y Pedrazuela advierten que algunas organizaciones, particularmente determinadas ONG, llegaron a asumir o recibir una posición de representación de la sociedad civil e incluso de otros sujetos sociales, como las organizaciones comunitarias. El problema es que la representatividad está vinculada al poder y no todas las organizaciones tienen las mismas posibilidades de hacer escuchar sus intereses. El propio documento sostiene que deberían existir condiciones sociales, políticas e institucionales capaces de garantizar mayor equidad y permitir que sectores tradicionalmente marginados accedan a los mecanismos de toma de decisiones.
Ese diagnóstico merece ser puesto a prueba en 2026. Cuando públicamente escuchamos que “la sociedad civil” apoya, rechaza, exige o propone determinada medida, sería razonable preguntarnos quién está hablando exactamente. ¿Una organización? ¿Una red de organizaciones? ¿Un sector empresarial? ¿Una institución académica? ¿Una junta de vecinos? ¿Un grupo de ciudadanos? ¿Y qué sucede con las personas que no pertenecen a ninguna de estas estructuras?
Una democracia saludable necesita organizaciones fuertes y capaces de participar. Pero participar no significa representar automáticamente a todos. Ninguna organización, por prestigiosa o influyente que sea, debería apropiarse simbólicamente de la totalidad de la ciudadanía. Por eso, más que preguntar cuántas organizaciones existen hoy, deberíamos preguntarnos si los espacios de participación son suficientemente plurales y si los sectores comunitarios y sociales con menor capacidad económica o institucional tienen las mismas oportunidades de ser escuchados.
El estudio de 2002 también señalaba la debilidad institucional como uno de los problemas de la sociedad civil dominicana. En el caso de las organizaciones comunitarias de base, describía estructuras generalmente pequeñas, surgidas para atender problemas concretos de la comunidad, muchas veces con poca capacidad de gestión institucional y escasa presencia de profesionales.
Sin embargo, institucionalizar una organización no consiste solamente en tener una oficina, empleados o personalidad jurídica. Significa establecer reglas internas, registrar decisiones, administrar correctamente los recursos, celebrar procesos democráticos, renovar liderazgos, evitar la concentración permanente del poder, rendir cuentas y conseguir que las autoridades de la organización respondan realmente a sus miembros.
El propio documento colocaba entre los principales retos el fortalecimiento institucional, la adopción de prácticas democráticas internas y una participación más igualitaria de las mujeres en los espacios de dirección. Esa observación permite formular otra pregunta de actualidad: ¿las organizaciones dominicanas han fortalecido únicamente su capacidad para gestionar proyectos y obtener recursos, o también han fortalecido su democracia interna?
La interrogante no es menor. Una organización que exige transparencia al Estado debería poder demostrar transparencia en su propia administración. Una organización que reclama participación ciudadana debería promover participación entre sus integrantes. Y una organización que critica la concentración del poder público debería evitar reproducir esa misma concentración dentro de su estructura.
Estado y sociedad civil: participar sin sustituir
Otro elemento especialmente valioso del libro es la manera en que aborda la relación entre el Estado y las organizaciones sociales. El estudio no plantea que ambos sectores deban permanecer permanentemente enfrentados. Por el contrario, considera necesario desarrollar nuevas reglas de cooperación, participación y articulación institucional capaces de disminuir la desconfianza y favorecer alianzas para el desarrollo nacional.
Pero establece al mismo tiempo una advertencia fundamental: la participación de la sociedad civil en lo público no debe convertirse en una privatización de lo público por parte de la sociedad civil. La diferencia es esencial.
Las organizaciones sociales pueden contribuir a la educación, la salud, la protección de poblaciones vulnerables, el desarrollo comunitario, la promoción económica, la defensa de derechos y muchas otras áreas. El documento identifica precisamente organizaciones dedicadas a la participación cívica, la prestación de servicios sociales, la promoción socioeconómica y la filantropía para el desarrollo.
Pero colaborar con el Estado no significa sustituirlo en las responsabilidades que le corresponden. Tampoco debería significar que una organización pierda su independencia por recibir recursos, subvenciones o apoyo gubernamental. El propio estudio plantea esta tensión al preguntarse si el hecho de que determinadas organizaciones reciban subvenciones públicas modifica su naturaleza dentro de la sociedad civil.
La relación adecuada debería permitir que una organización pueda colaborar sin someterse, recibir apoyo sin perder independencia y fiscalizar al Estado sin pretender ocupar su lugar. Aquí aparece otra prueba para nuestra realidad: ¿hasta qué punto las relaciones actuales entre las instituciones públicas y las organizaciones sociales están sustentadas en reglas claras, transparencia, autonomía y rendición de cuentas? ¿Existe cooperación institucional o dependencia? ¿Las organizaciones mantienen capacidad crítica frente a las instituciones de las cuales reciben recursos? ¿Y el Estado utiliza realmente la participación ciudadana para mejorar sus decisiones o simplemente para legitimarlas?
El libro ofrece ejemplos de mecanismos de concertación y participación existentes en aquellos años. Algunos fueron valorados positivamente y otros no alcanzaron las expectativas creadas. Incluso se señalaba que en determinados espacios la presencia predominante de organizaciones empresariales podía generar problemas de representatividad cuando sus posiciones terminaban identificándose como posiciones de toda la sociedad civil. También aparece el incumplimiento de acuerdos gubernamentales como una de las críticas existentes en la relación entre el Estado y las organizaciones.
Esto permite recordar algo que todavía debería formar parte de cualquier discusión democrática: estar presente no necesariamente significa participar. Una organización puede ser convocada a una reunión y no tener ninguna capacidad real de incidir. Puede asistir a una consulta cuando las decisiones fundamentales ya fueron tomadas. Puede firmar acuerdos que posteriormente no se ejecuten. Puede ocupar un asiento institucional sin disponer de información suficiente para formular posiciones responsables.
Por eso, la calidad de la participación no debería medirse solamente por el número de organizaciones invitadas. También debe medirse por la información disponible, la pluralidad de actores, la posibilidad real de formular propuestas, la respuesta que reciben esas propuestas y el seguimiento de los compromisos asumidos.
Esta discusión adquiere todavía más importancia en el ámbito municipal. El estudio describe a las organizaciones comunitarias como espacios donde los vecinos se organizan para enfrentar problemas relacionados con las calles, el hábitat, el saneamiento, la educación ciudadana y otros asuntos del territorio, llegando incluso a incidir en la planificación y gestión de políticas y proyectos locales.
La lógica es evidente: la participación se vuelve más concreta cuando ocurre cerca del problema. Una junta de vecinos conoce dónde falla un drenaje, una organización comunitaria conoce las condiciones de una calle y una asociación local puede identificar necesidades que probablemente no aparecen con la misma claridad desde una oficina central.
Por eso los autores recomendaban fortalecer el reconocimiento de las organizaciones comunitarias y planteaban incluso la conveniencia de avanzar hacia registros desde los ayuntamientos que permitieran conocer mejor la realidad organizativa de cada territorio. Pero reconocer organizaciones tampoco puede significar conferir representatividad automática. Es necesario conocer quiénes las integran, cómo eligen a sus dirigentes, qué mecanismos internos utilizan y cómo comunican sus decisiones a la comunidad que dicen representar.
Veinticuatro años después, la prueba sigue abierta
Sería incorrecto utilizar un estudio publicado en 2002 para afirmar, sin nuevas evidencias, que todas las debilidades identificadas entonces permanecen intactas en 2026. El país ha cambiado y el propio marco institucional de las organizaciones sociales también ha evolucionado. Pero eso no disminuye la utilidad del documento. Al contrario.
Nos proporciona preguntas concretas para evaluar cuánto hemos avanzado. ¿Tenemos hoy organizaciones más institucionalizadas? ¿Existe mayor transparencia interna? ¿Los sectores comunitarios tienen más posibilidades de participar en las decisiones? ¿La representación de las mujeres en los espacios de dirección es más equitativa? ¿Las relaciones entre el Estado y las organizaciones son más transparentes? ¿Los mecanismos de consulta permiten influir realmente en las políticas públicas? ¿Cuando una entidad afirma representar a la sociedad civil sabemos a quién representa y de dónde proviene esa legitimidad?
Responder adecuadamente esas preguntas necesitaría datos actuales y una investigación específica. Lo que sí puede afirmarse a partir del libro es que hace más de dos décadas ya existía conciencia de que el fortalecimiento democrático no dependía simplemente de multiplicar organizaciones. También requería institucionalidad, participación real, pluralidad, transparencia y una relación equilibrada entre el Estado y la ciudadanía organizada.
Ese quizá sea el mayor aporte que conserva el estudio. El documento parte de la idea de que el proceso de modernización del Estado necesita una sociedad civil igualmente fortalecida. Su razonamiento es sencillo pero profundo: difícilmente puede existir un Estado eficiente si alrededor existe una sociedad civil débil.
Veinticuatro años después, esa afirmación merece una pregunta adicional: ¿hemos fortalecido realmente a la sociedad civil dominicana o solamente hemos multiplicado las organizaciones que hablan en su nombre?
La respuesta no debería buscarse contando asociaciones ni observando cuántas instituciones participan en reuniones públicas. Debe buscarse examinando su legitimidad, democracia interna, independencia, capacidad de fiscalización, transparencia y verdadera conexión con las comunidades.
Porque la sociedad civil no se fortalece simplemente cuando aumenta el número de organizaciones. Se fortalece cuando más ciudadanos pueden participar, cuando las instituciones sociales son capaces de rendir cuentas, cuando ninguna organización monopoliza la representación colectiva y cuando la cooperación con el Estado no elimina la capacidad de exigirle resultados. Ese es el examen que el diagnóstico de 2002 todavía nos invita a realizar.
Fuente utilizada
Cela, Jorge e Isabel Pedrazuela. Clasificación de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en la República Dominicana: descripción de sus características. Colección Sociedad Civil, Serie Documentos de Trabajo núm. 1. Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) / Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santo Domingo, 2002.
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